El control del cambio climático ocasionado por la acumulación de gases industriales de invernadero demanda soluciones globales que podrían alcanzarse mediante acciones nacionales coordinadas, convenidas en protocolos o acuerdos internacionales. Luego de un desempeño ambiguo e irregular del Protocolo de Kioto (2008 – 2012), se firmó a finales de 2015 el Acuerdo de París.
Este acuerdo reafirma la necesidad de combinar de manera balanceada acciones de mitigación de emisiones de carbono y de adaptación a los efectos del cambio climático, en cada uno de los 175 países signatarios, con miras a lograr que el incremento actual de la temperatura media del planeta se reduzca en 2030 a 2°C o menos (ojalá 1,5 °C) por encima de la temperatura media de la era preindustrial anterior a 1860. Esta meta asigna compromisos a todos los países firmantes de acuerdo con sus capacidades diferenciadas.
El informe World Economic Outlook de octubre, publicado por el FMI, alerta sobre los impactos económicos y sociales del aumento de la temperatura media en las zonas tropicales cuya población en su mayor parte son de ingresos medios y bajos. El informe toma datos de 180 países en los que habita el 60% de la población mundial. Las observaciones de temperatura y producción de los últimos 65 años permitieron validar una relación no lineal entre estas dos variables.
Colombia, considerado de ingreso medio, vive un proceso de desindustrialización que se considera la principal variable explicativa del estancamiento en la productividad. El estudio del FMI confirma los resultados de Heal y Park (2013) y Burke et al (2015) en cuanto a que el cambio climático tiene efectos macroeconómicos recesivos en países de ingreso medio y bajo.
Los hechos no parecen indicar que el país avanza en la dirección de la meta declarada en el Acuerdo de París. Se mencionan resultados en adaptación, pero casi nada en mitigación. La deforestación no desacelera y ello arriesga la posibilidad de obtener recursos financieros por emisión de bonos de carbono de origen forestal. La política ambiental minera no muestra mayor compromiso con la conservación. La gobernanza ambiental en algunos ecosistemas estratégicos en zonas húmedas es débil y dilapida recursos públicos escasos. Los institutos de investigación del SINA presentan resultados importantes pero dispersos, y que desaprovechan los hacedores de políticas (Guhl y Leyva, 2015)
*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de EL HERALDO.
