El asbesto es una fibra natural barata, resistente y con propiedades térmicas únicas, utilizada por fabricantes de tejas, artículos de hormigón, cemento, yeso, autopartes para vehículos automotores, pinturas y revestimientos. Sin embargo, ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, así como por la Oficina de Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer.

Según esta última, el asbesto causa mesotelioma (un tipo de cáncer del tejido que recubre los pulmones, el estómago, el corazón y otros órganos), además de cánceres de pulmón, de laringe y de ovario. Por esas razones ya son más de 50 los países, especialmente en Europa y también en América, los que desde hace años han prohibido el uso del asbesto ante la evidencia de la relación causa-efecto entre el contacto con la fibra de asbesto y esos cánceres.

En junio del año pasado abordé en esta columna cómo en Colombia el Congreso de la República nuevamente le había fallado a la salud y vida de sus ciudadanos, cuando después de 6 intentos previos en los últimos 10 años de legislar en favor de la prohibición del uso del asbesto, la Comisión Séptima del Senado hundía el séptimo proyecto de ley que justamente pretendía prohibir la producción, comercialización, exportación, importación, distribución y utilización de dicho elemento.

En ese momento, la parlamentaria que lideró dicha iniciativa, la senadora bolivarense Nadia Blel, manifestó al hundirse el proyecto que “el fuerte lobby de la industria y la incoherencia del Gobierno en sus políticas de salud han incidido en los resultados de este debate”, y que por tal razón, una vez más en Colombia se habían “impuesto los intereses económicos por encima de la salud de los colombianos”, evidenciando que el Congreso se había dejado influenciar y había vuelto a fallar en la defensa y protección de la vida de los ciudadanos de este país, sobre todo que según las estadísticas que manejan quienes han liderado la lucha contra el uso del asbesto en Colombia, a este material se le atribuyen por lo menos 310 muertes al año en nuestro país.

El miércoles de la semana anterior se conoció con beneplácito que la Comisión Séptima del Senado finalmente aprobó en primer debate el proyecto de Ley “Ana Cecilia Niño” (quien murió de mesotelioma generado por asbesto y quien hasta el final de sus días fue una luchadora contra su uso), que prohíbe el uso del asbesto en todo el país y que fue impulsado con el respaldo del ejecutivo, específicamente del Ministerio del Interior, manteniendo por fin el Gobierno una posición unificada de conceptos favorables de dicho Ministerio, y los de Salud y Protección Social, Trabajo, y Ambiente y Desarrollo Territorial.

Este nuevo proyecto, presentado nuevamente por la senadora Nadia Blel, fue apoyado por 150.000 ciudadanos que firmaron por la prohibición del asbesto en Colombia y tuvo el respaldo de otros nueve congresistas. Ahora deberá esperar su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes y pasar otros dos debates en Comisión y Plenaria del Senado. Lástima que el Congreso se hubiese demorado 10 años en aprobar esa prohibición, pues de haberlo hecho antes se hubiesen evitado cientos de muertos por el asbesto en el país.

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