Ofertas de obras fluviales ¿demoras previsibles?

El reciente foro del río Magdalena fue sumamente motivante para la zona portuaria Barranquilla, Soledad y Sitionuevo. Tuvo la presencia del anterior ministro de Transporte más el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), funcionario de gran trayectoria sujeto a investigaciones, que ahora seguramente ocupará su tiempo en aclararlas. Este par de altísimos ejecutivos nacionales comprometidos públicamente con impulsar el proceso del mantenimiento del Río, dragado del canal de acceso por Bocas de Ceniza, convencidos de la necesidad del dragado permanente, como cuando Humberto Salcedo Collante fungió como ministro de Obras Públicas, ya no estarán en sus cargos para seguir impulsando, este propósito de conveniencia nacional. Digamos que la canalizacion y el mantenimiento de la navegabilidad del Río son un programa de Estado, pero mientras los nuevos funcionarios se nombran, así sea encargado en la ANI, llenan papeles, se posesionan y comienzan a enterarse de 50 proyectos en curso, pues pasa un tiempo. Esas demoras son fatales para la futura competitividad del nuestra zona portuaria. A los usuarios, cortejados y atendidos por “la vecindad” los pueden fidelizar. Nos queda Cormagdalena con su flamante y nuevo director, Alfredo Varela, quien de “inmovilista” afortunadamente no tiene nada.

El operador de energía fondeado

Se conoció que Gas Natural Fenosa, la Sociedad española que operaba el servicio de energía en el Caribe, antes de ser intervenida, por la Superservicios, vendió un 20% de sus propias acciones al Alianz Group & Partners, junto con el Fondo de Pensiones canadiense CPPIB por USD1.400 millones. Eso le daría caja a Fenosa para hacer las inversiones que en Electricaribe han debido realizarse y que según los medios y la Superintendencia, no aparecen. ¿Tendrá la voluntad de hacerlo o preferirá seguir la demanda versus el estado colombiano?

Opinión informada

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, manifestó que el país “está en un momento de cuidado”, que “si queremos un desarrollo industrial hay que simplificar tantos trámites” y hay que definir “si las consultas populares reemplazaron a las autorizaciones de la autoridades ambientales”. ¿Quién va a seguir invirtiendo o financiando nuevas vías, o en proyectos de minería, si después de concedidos los permisos oficiales requeridos, una consulta popular cuando las obras o inversiones están a medio camino, las paralizan? Así quiebran a cualquiera y los fondos de pensiones -que invierten a veces- en esas financiaciones pueden quedar parcialmente pringados en ese “pisa y corre”.