La primera sentencia contra el antiguo secretariado de las extintas FARC por los secuestros en el país por parte de la JEP ha generado reacciones por parte de sectores políticos, ex presidentes, víctimas, entre otros.
Leer también: Íngrid Betancourt plantea apelar ante justicia internacional las condenas contra los exjefes de las FARC
La JEP sentenció al secretariado a trabajos por 8 años en búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica.
Los sancionados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Uno de los entes que se pronunció al respecto fue la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín emitió su concepto sobre la sentencia, cuestionando la forma en que los sentenciados cumplirán.
“Se debe anotar que las víctimas han solicitado legítimamente que las antiguas FARC asuman a profundidad su responsabilidad por violencia sexual... La falta de claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político genera dudas sobre su efectividad. La consulta a las víctimas que se deberán hacer dentro de los próximos 30 días para definir los trabajos y obras restaurativos en detalle, es una oportunidad esencial para fortalecer la participación activa de las víctimas y la legitimidad de las sanciones”, se le escucha decir a Marín en el video.
Importante: “Fue un compromiso del Estado”: Juan Manuel Santos respaldó sentencia de la JEP contra exjefes de las Farc
Agregó: “La sanción es restaurativa, ya lo dijimos, pero también es retributiva, es decir, debe generar una cierta aflicción que se traduce en las restricciones de movilidad dentro de ciertos espacios territoriales que deben ser fijados o fueron fijados para el desarrollar el proyecto restaurativo autorizado por la HEP y que se deben ejecutar en cumplimiento de precisas condiciones de horarios, lugar de residencia, delimitación de los espacios territoriales, definición de salidas para el desarrollo de otras actividades del cumplimiento del acuerdo final, incluyendo la participación de política y otras actividades”.
También añadió: “Sin embargo, el desafío actual es conocer las condiciones prácticas operativas en que se garantizarán estos requisitos. En el caso de que la sentencia sea apelada, se sugiere que se avance en la ejecución de los procesos de sanción desde en los proyectos de sanción desde ya”.
La Defensoría del Pueblo aunció que acompañará a las víctimas y a la sociedad para verificar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
