“Colombia es una democracia de mentiras, en la que no existe separación de poderes por el clientelismo”: exprocurador Gómez Méndez

El abogado liberal Alfonso Gómez Méndez conoce como pocos los entresijos de la historia política colombiana. Primero, porque como académico excepcional, especializado en derecho constitucional y penal, los ha estudiado en profundidad. Y segundo, porque en el ejercicio de su dilatada vida pública, en la que se ha desempeñado como juez, congresista, procurador, fiscal, embajador y ministro de Justicia, ha sido testigo privilegiado de cómo se mueve el poder.

Por eso, con rotundidad asegura en su más reciente libro, un compendio de sus columnas y entrevistas, algunas de ellas publicadas en EL HERALDO, que la nación resiste ante lo que llama una ‘Democracia Bloqueada’. Sus reflexiones críticas exploran la compleja realidad de nuestro país diseccionada en la pluma de un genuino estadista, a quien solo le falta ser presidente de Colombia.

Vivimos en un aparente Estado de derecho porque las formas son perfectas, pero el contenido no. Respecto a los poderes públicos, la Constitución establece funciones separadas y colaboración armónica en la realización de los fines del Estado. Pero tal separación no existe desde hace años: entre el Ejecutivo y el Legislativo por la vía del clientelismo, porque el Congreso no es independiente.

Cuando se planteó la primera reelección de Álvaro Uribe Vélez, 70 parlamentarios se declararon impedidos porque tenían familiares en el Gobierno y entre ellos se negaron los impedimentos. Con una norma que si se aplicara se habría tenido que cerrar el Congreso, porque pedir puestos es causal de pérdida de investidura, es tráfico de influencias. Hace poco se demostró que congresistas pedían puestos en la Dian y lamentablemente la señora fiscal dijo que recomendar no era un delito. Aparentemente cierto, pero depende. Si un senador pide la Dian de Buenaventura, no es para ir a ver la salida de los barcos cada día.

No se cumplen. La democracia colombiana es casi de mentiras. Darío Echandía, mi paisano de Chaparral, Tolima, la describió alguna vez como una especie de orangután con sacoleva porque, insisto, las formas son perfectas, pero el contenido es muy malo. Ahora las ponencias ya no se redactan en los despachos de los congresistas, sino en los ministerios. ¿Cuántas veces a última hora los parlamentarios no cambian el voto? ¿Por citas de la Biblia, de Hegel Marx? No, por puestos y contratos. La distorsión es total.

Somos una democracia electoral porque hay elecciones cada cuatro años. Pero es más de lo mismo. Hoy, cuando el presidente de la República está abiertamente interviniendo en política, pese a que una norma se lo prohíbe, a nadie se le ocurriría que lo procesaran por ello porque la gente ya se acostumbró a que no se cumpla. Recuerdo el episodio del procurador Mario Aramburo, que le llamó la atención a Carlos Lleras Restrepo en 1970 porque estando Gustavo Rojas Pinilla de candidato, el presidente recordó que durante su gobierno, en 1955, se utilizaron bombas napalm en el Tolima.

También hay una separación aparente, sin embargo la Constitución del 91, con todo lo que le elogian, cometió muchos errores. Uno de ellos fue volver a mezclar política con justicia. El plebiscito de diciembre de 1957, que diseñó la institución del Frente Nacional, estableció que los magistrados debían ser elegidos por cooptación, es decir, por las propias corporaciones, sin incidencia del Congreso ni del Gobierno en la conformación de los órganos del Poder Judicial.

La Carta Magna de 1991 determinó que el presidente envía la terna para la elección de fiscal, también participa en la de procurador y terna a tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, la tercera parte. Y en los casos de reelección inmediata de Uribe y Santos, estos terminaron incidiendo en la escogencia de hasta nueve magistrados. No es ningún misterio que dos de los últimos magistrados de la Corte han sido, de alguna manera, puestos por el presidente Petro.

Y esta semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se movió mucho y no porque estuviera bailando salsa, que a él le gusta mucho, sino consiguiendo respaldos por la vía de puestos. Eso no es nuevo. En el pasado se decía que tal o cual candidato era del fiscal, del contralor, del procurador, del ministro y eso no debería pasar.

Sin duda. La Constitución del 91 introdujo el clientelismo por la puerta de atrás en el Poder Judicial. Antes, los magistrados no tenían funciones electorales, solo elegían a las propias corporaciones por mecanismos de meritocracia. Ahora, los magistrados tienen cuotas en la Fiscalía, en la Contraloría, incluso en el Gobierno. Es un cruce que hace imposible que lo que dice la Constitución se cumpla.

Si la separación de poderes es el primer elemento para que una democracia sea real y no formal, como la nuestra, el segundo es el tema de las responsabilidades. La política distinta a la judicial, la que se debe asumir por errores, ineficiencia o malas escogencias. Le cito el caso de una persona de 22 años, bachiller, a la que el Estado le entrega aviones y helicópteros, un peculado por uso. ¿Dónde está la responsabilidad política de quien permite eso? Por el contrario, el resultado fue un ascenso.

Son irresponsables. ¿Pero ante quién responden? ¿Ante la Comisión de Acusaciones, un mecanismo diabólico que está concebido para que los presidentes de la República no tengan quien los juzgue en la práctica? Mire el caso de Odebrecht, a ¿cuántos altos cargos no llevó a la cárcel en América Latina? En Colombia, en el año 49, Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso cuando el Partido Liberal le iba a hacer un juicio sobre los episodios de la violencia bipartidista y tuvimos 10 años sin Congreso y el expresidente fue enterrado en 1976 en olor de santidad democrática.

La democracia no es solo electoral, también comprende otros elementos que pasan por la estructura social y económica de la nación para que las personas tengan libertad en la escogencia. Eso no se da, y como tenemos altos índices de pobreza es muy fácil que se manipule la voluntad popular, como se ha hecho en el pasado y se hace hoy a través del asistencialismo. Este no distribuye el ingreso ni es una forma de la socialdemocracia, en cambio sí sirve para que se manipule a la gente.

Otro de los errores gravísimos de la Constitución del 91 fue que, por pretender acabar con el bipartidismo, acabó con los partidos. Antes los partidos obedecían a ideologías diferentes, tenían programas y organización. Liberales o conservadores, con sus errores, existían como entidades sociológicas y políticas, eran realidades. Lo que tenemos ahora no son partidos. El cuento de los grupos significativos de ciudadanos son entelequias, sin carne. Como en el fútbol, se cambian de camiseta, incluso a la mitad del juego, y ni siquiera se pueden distinguir unos de los otros.

Frente a eso, me gusta usar una expresión de los costeños: todo el mundo comenzó a pensar que el mango está bajito. Hoy cualquiera amanece y dice que quiere ser presidente. Antes, las candidaturas eran el resultado de un proceso que pasaba por alcaldías, gobernaciones, la academia, la intelectualidad, el Congreso… Ahora, basta con que alguien tenga éxito en algo chiquito.

Otra cosa que le ha hecho mucho daño al país es el cuento de la antipolítica. Todo el mundo se disfraza de profesor, por ejemplo, y, además, están los outsiders, personas sin trayectoria ni peso que se venden con el cuento de la antipolítica. Le pasó al Partido Verde, que en Europa representa a los ecologistas. Aquí se lo inventó Carlos Ramón González que venía del M-19, luego pasó a Convergencia Ciudadana con el ‘Tuerto Gil’ y terminó dándole el aval, entre otros, a Claudia López. Un partido que fue dizque el artífice de la consulta anticorrupción. Es una especie de esquizofrenia institucional en la que las normas van por un lado y la realidad por otro.

En Colombia es muy difícil planear a dos meses. Me explico. Acaban de surgir dos candidaturas: una por cuenta de un sepelio doloroso, en la que nadie pensaba antes de eso, y otra por cuenta de una decisión judicial, la de Iván Cepeda. Además, cualquier cosa puede pasar por la fuerza de las redes que antes los candidatos no necesitaban. Cuándo uno se hubiera imaginado a López Pumarejo, a Echandía, a Carlos Lleras, a Alberto Lleras, con un asesor de imagen que le dijera cómo ponerse la corbata o si debía aparecer desnudo. Eso, dentro y fuera de nuestro país, ha degradado la política.

En Colombia, que un presidente sea una especie de rey, porque tiene absolutamente todas las facultades en la práctica para hacer lo que se le antoje e incida en la vida de los demás, retrata la gravedad de lo que vivimos. Es más, si el martes Dairo Moreno mete 10 goles contra Venezuela, habrá algún colombiano que cante: Dairo, presidente. Nos hemos vuelto demasiado emocionales.

Hemos elegido sacerdotes y periodistas como alcaldes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la Alianza Social Indígena, ahora Alianza Social Independiente (ASI), ha amparado a candidatos con los que no tiene nada que ver? Una de ellas fue el alcalde Antanas Mockus, quien no tiene rasgos indígenas.

Otro fue Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia. En ese momento debí viajar a Medellín y pensé que me recibiría una delegación de indígenas. Guillermo Alberto González Mosquera, ya fallecido, fue elegido gobernador del Cauca por los afrodescendientes. Como era mi amigo, lo llamé para decirle que iba por mi cuota porque el afrodescendiente era yo debido a que mi papá sí era un negro de Miranda, Cauca. Y le reclamé: ¿Usted qué carajos tiene que ver con los negros? Pero esa es una muestra de toda la desinstitucionalización de la que le hablo.

Y agréguele a eso el mecanismo de las firmas, que es otra distorsión. Dicen que una firma no se le niega a nadie, ¡hágame el favor! Esto se concibió en la Constitución del 91 para aquellos principiantes, óigame bien, que no tenían cómo hacerse conocer. Ahora todos lo usan. Y debemos preguntarnos: ¿Si una persona le puede firmar a múltiples candidatos? O ¿de qué manera es un instrumento de medición democrática? Es decir, vivimos en un mundo de ficciones, para resumir.

Eso también viene de atrás. Entre otras razones porque aquí desapareció el delito político y el conflicto armado. Existían cuando había organizaciones armadas con ideología, la que fuera. Pero desaparecieron, primero, cuando las Farc se involucraron en el narcotráfico. Nadie se hubiera imaginado a Marx, a Engels o a Lenin con un bulto de coca al hombro. Y luego, cuando el M-19 inauguró el secuestro como arma política.

Hoy cuando hablan de que estamos en negociaciones, me pregunto: ¿Qué negocia el presidente Petro con esos bandidos de todos los pelambres? ¿El tamaño del Estado o cómo será la educación? Basta con que se cumpla la Constitución, incluso la de 1886. Alberto Lleras decía que cada guerrillero andaba con un proyecto de Constitución en la mochila.

Eso es fetichismo constitucional: creer que todo se arregla cambiando la Constitución. Y entonces, ¿qué es una constituyente? ¿Le preguntan a la gente para qué convocarla? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Son simplemente embelecos. También hay que decir que fue un grave error del gobierno Santos no copar las zonas que dejó las Farc, luego del proceso de paz. Yo fui partidario de esa negociación, la defendí como su ministro de Justicia, incluso después, pero claro que se falló.

Ahora tenemos delincuentes de toda clase que no buscan cambiar al Estado o reemplazarlo como antes, sino que el Estado les permita realizar sus negocios ilegales de minería, narcotráfico, trata de personas. No quieren someterse al Estado, buscan que el Estado se someta a ellos. A eso lo llaman la paz total, que es en realidad la impunidad total, la entrega total del territorio del Estado. Y el concepto de Estado sin control del territorio no existe.

Espero que el Congreso no avale ese esperpento, que sí sería la entrega total del Estado, ¿y a cambio de qué? Insisto, he sido partidario de la paz, Darío Echandía decía que era mejor entenderse echando lengua que echando plomo, pero ¿a costa de qué? Si fuera por leyes de amnistía o indulto, este país debería ser un paraíso. Llevamos más de 34 y en todas hemos cedido. Ni qué decir de lo que pasó en la Constitución del 91, que para apaciguar a Pablo Escobar prohibimos la extradición después de una larga chorrera de muertos. Y esa figura se convirtió en un instrumento político.

¿Por qué no tratamos una estrategia distinta? Apliquemos la ley a ver cómo nos va. Paremos tantas normas que conducen a la impunidad y acabemos con otros tipos de impunidad, la política, la judicial y la social, que se derivan de la democracia bloqueada en la que nos encontramos.

Creo que sí. En él, a través de mis columnas que se han reunido en bloques, hablo de extradición, de separación de poderes, del manejo del Estado y de sistemas políticos. Critico el presidencialismo excesivo de Colombia, cuestiono que los jefes de Estado, los magistrados o el fiscal General no respondan y en él se pueden encontrar claves para que el país asuma su realidad.

Colombia necesita voluntad y formación política, educación y compromiso social más que cambiar su Constitución. Mire esta diferencia, las antiguas colonias inglesas de Estados Unidos se dedicaron a crear una nación sociológicamente hablando, a desarrollarla. ¿Qué hicimos las españolas? A armar y desarmar constituciones. La de Estados Unidos tiene más de 240 años y ha sido reformada 27 veces. En Colombia, la de 1886 fue reformada 79 veces y esta que apenas tiene 34 años lleva casi 70 reformas. Y seguimos en esa carajada.