Duros cuestionamientos lanzó Diana Ojeda Visbal, exprocuradora delegada para asuntos de salud, en contra del Gobierno por la mesa de trabajo que convocó para fijar el valor de la Unidad de pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud.
En un documento de 12 páginas, el Ministerio Público cuestionó la falta de transparencia y la concentración de poder en manos del Ministerio de Salud , alertando sobre la posibilidad de que este proceso no garantice una revisión integral y justa de esa cifra. De hecho señala que el Ministerio de Salud, a través de la resolución expedida para convocar la mesa de trabajo sobre UPC, “ignora, desconoce, incumple y desafía las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”.
Como se sabe, esta mesa fue creada tras una sentencia de la Corte que le ordenó a la cartera de Salud crear una mesa de trabajo “cuyo objetivo sea revistar la UPC del 2024 y lograr su suficiencia”.
Sin embargo, para la Procuraduría la mesa de trabajo convocada por la cartera de Salud es un espacio limitado, donde los participantes solo podrán exponer opiniones para ser consideradas por el Ministerio.
“En el numeral 2.1., el Ministerio limita las fuentes de información y los procesos de validación a los ya definidos y ejecutados por el Ministerio y/o a otras fuentes que el mismo Ministerio determine, cerrando las posibilidades de que se pueda dar un ejercicio independiente, retroalimentado con otras fuentes de información o metodologías de expertos que puedan proponer los integrantes de la mesa”, dice la Procuraduría.
Finalmente, en el extenso documento, la exprocuradora delegada concluyó que“mientras tanto, se agrava la crisis humanitaria que tiene sin acceso a los servicios de salud y medicamentos a millones de pacientes, especialmente a aquellos sujetos de especial protección constitucional, niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, que padecen enfermedades huérfanas, raras, catastróficas y crónicas”.
