La implementación del Acuerdo de Paz, firmado hace ocho años en La Habana, Cuba, avanza a medias tintas. Aunque en algunos aspectos las políticas de Estado han brindado soluciones reales a los excombatientes de las Farc y los distintos actores involucrados, lo cierto e innegable, según información recopilada por diferentes observatorios humanitarios, es que hay importantes rezagos en el cumplimiento de la hoja de ruta. Se avanza, sí, pero a pasos muy lentos.
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Las carencias saltan por doquier. En este sentido, de acuerdo con miembros de las comisiones de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que publicaron un nuevo informe de seguimiento a la implementación, una de las principales problemáticas tiene su razón de ser en las dificultades en la financiación para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
“De los $4,67 billones que se deberían estar ejecutando al año, en promedio durante los 8 años, anualmente se ha invertido el 17,9 %. El Pacífico Medio es la región más rezagada, solo se ha invertido el 1,7 % de lo que se necesita”, revelaron.
Además, reconocieron la baja ejecución del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (–7,2 % a julio 2024) y la Agencia de Desarrollo Rural (–19,9 %). Por otro lado, el informe señaló como alarmante la reducción de los recursos de la Agencia de Reincorporación y Normalización: 71,57 % ($229 mil millones).
“Una de las principales conclusiones es que, pese a la asignación de recursos para la implementación del Acuerdo, en especial para el Punto 1 (Reforma Rural Integral), no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET–. Esto debido a una ejecución desarticulada que compromete la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos”, reconoció el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
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El panorama es mucho más desolador si se analizan los indicadores de violencia en los territorios donde habitan firmantes de paz. Desde la firma del Acuerdo hasta el 26 de septiembre de 2024, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha reportado 432 asesinatos, 151 tentativas de homicidio y 42 desapariciones. Excombatientes indígenas y de zonas rurales en Cauca, La Guajira, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca han sido los más afectados por la espiral de sangre en el país.
En este aspecto, según el informe de la FIP, es más que evidente que en Colombia continua el deterioro de la seguridad en las zonas más afectadas por la violencia.
“Mientras que la tasa de homicidios nacional es de 14 por 100.000 habitantes, en los municipios PDET es de 22,7 y en los que se ejecuta el programa de sustitución de cultivos (PNIS) del 23,3. Además, continúan en riesgo los firmantes y líderes sociales. Desde la firma del Acuerdo hasta agosto de 2024 se han registrado 1.164 homicidios a líderes, 114 este año (48,2 % en zonas PDET). Y desde el 2017 a marzo de 2024 van 390 homicidios de reincorporados”, aseguró el informe de la FIP.
Renglón seguido, el observatorio hizo un llamado para atender el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, que entre 2022 y 2023 aumentaron en 552 %.
Suben masacres, extorsiones y confinamientos
Entre enero y julio de este año, los hechos de confinamientos superaron a todo el 2023 en un 46,3%. Además, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre el 1 de enero y el 31 de agosto del presente año más de 137.200 personas fueron desplazadas de manera forzada y 94.700 personas fueron confinadas en 62 municipios de 13 departamentos. En este aspecto, las regiones más afectadas fueron la del Pacífico, el noroeste y parte de la frontera con Venezuela, Putumayo, Caquetá, Sur de Bolívar y La Guajira.
“El deterioro de la seguridad territorial, la concentración de las entidades en tareas de planeación y no de ejecución, el avance lento de la indemnización a las víctimas, la baja ejecución de los recursos para la implementación, y la falta de acceso a la información y transparencia por parte del actual Gobierno sobre cómo vamos son algunos de los hallazgos del informe de estos ocho años”, explicó Carolina Varela, coordinadora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la FIP.
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Eso sí, Varela exaltó algunos avances del acuerdo.
“13.000 personas dejaron las armas por apostarle a la paz, hoy existe un Congreso más diverso que incluye voces de los territorios más afectados por el conflicto y la transformación de la ruralidad ganó un lugar fundamental en la agenda pública”, apuntó.
Mea culpa del gobierno Petro
En junio pasado, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, reconoció que hay una serie de rezagos en la implementación del acuerdo de paz.
“Hay un rezago en la implementación del acuerdo de paz. Necesitamos realmente avanzar y buscar todos los mecanismos y los medios para poder cumplir ese acuerdo, la reforma agraria y cada uno de los pilares y los objetivos que se establecieron en el acuerdo”, expresó Sarabia a periodistas en Estocolmo.
Además, el presidente Gustavo Petro reveló sus intenciones de denunciar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que el Estado colombiano, que él representa, no cumple el acuerdo de paz con las Farc y vaticinó que eso puede llevar a “derramamientos de sangre”.
“Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir (…) pero esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente, el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, dijo Petro en su momento.
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Avances a medias
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, felicitó al país por su persistencia en la búsqueda de la paz; sin embargo, criticó la falta de presencia integral del Estado, la situación de seguridad que enfrentan las comunidades, y la asignación y ejecución de recursos para avanzar en la implementación.
“Si bien reconozco el importante trabajo realizado y la magnitud de algunos de estos desafíos, hago un llamado a todos los involucrados para que redoblen sus esfuerzos y mantengan su enfoque en el objetivo general: alcanzar la paz por el bien de los millones de colombianos y colombianas, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas que aún se ven afectados en su vida cotidiana por el flagelo de la violencia”, indicó Guterres.
Posteriormente añadió: “Históricamente, las aproximaciones parciales no han logrado prevenir o detener la violencia sin una presencia consolidada del Estado. A pesar de los considerables desafíos que esto implica, una estrategia holística para implementar el Acuerdo Final y abordar la violencia persistente sigue siendo una necesidad absoluta”.
Amplían implementación
El Gobierno amplió el Plan Marco de implementación del acuerdo de paz con las Farc con el fin de “fortalecer” los compromisos para su efectivo cumplimiento y su prolongación hasta 2038.
“Desde el Gobierno nacional garantizaremos el pleno cumplimiento de estos nuevos compromisos, lo que implicará un esfuerzo presupuestal adicional, así como la ampliación temporal de la implementación del acuerdo hasta el 2038″, expresó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en un comunicado.
Los ajustes están “dirigidos a fortalecer los compromisos estratégicos del acuerdo como la reforma rural integral, las garantías de seguridad, los enfoques diferenciales étnico y de género y los temas de verdad, justicia y reparación”.
