El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, calificó como importante la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad del decreto 1085 de 2023 en el que se declaró estado de emergencia en La Guajira por parte del presidente Gustavo Petro.
{"titulo":"Roa, Gabriel Hilsaca y Lopesierra, a declarar por el caso de Nicolás Petro","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/roa-gabriel-hilsaca-y-lopesierra-declarar-por-el-caso-de-nicolas-petro-y-supuesta"}
Señaló que era una situación que se venía advirtiendo desde la Defensoría del Pueblo a través del seguimiento y acompañamiento de la sentencia T302 del 2017, de la misma Corte Constitucional, que declara el estado de cosas inconstitucionales para este departamento.
Indicó que ya existen unas políticas públicas claras sobre el abordaje de estas comunidades y sus necesidades y que solo es cuestión de que exista una articulación de las autoridades del orden municipal, departamental y nacional para que se ejecuten de manera rápida y efectiva.
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'Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que existe suficiente infraestructura normativa para que todas las instituciones del Estado colombiano, en cabeza del Gobierno nacional, adelanten, ejecuten e implementen todas las políticas públicas que ya están diseñadas y que efectivamente eso debe redundar en beneficio hacia las comunidades', dijo Camargo, en su visita a Barranquilla.
El defensor insistió en el argumento de la Corte en la que reafirma que no son hechos nuevos dado que es una situación –dijo– que está suficientemente sobre diagnosticada.
'Lo que necesitamos es que haya una articulación y una coordinación para que se ejecuten las políticas públicas que ya están diseñadas y estructuradas para que se beneficien a las comunidades como en el acceso al agua potable, saneamiento básico, construcción de vías, hospitales y demás obras de infraestructura. Esto está suficientemente determinado y establecido y ayer quedó reafirmado con la decisión de la Corte Constitucional', puntualizó.
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