En un trabajo articulado entre la Dijín de la Policía Nacional, la Interpol y la Fiscalía General de la Nación, dichas autoridades realizaron una operación nacional denominada, ‘Hacker Remoto- Bigrat’, en la que se hicieron efectivas cinco diligencias de registro y allanamiento en las ciudades de Valledupar y Medellín, donde lograron la captura de 3 personas, identificadas como Jair Velásquez, Alonso Trejos y Juan Carlos, alias Mono, quienes presuntamente hacían parte de una estructura criminal dedicada a la distribución de software malicioso en Colombia, ‘Virus informático’.
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Asimismo, en el procedimiento se incautó 40 dispositivos: 10 equipos de cómputo, 4 USB, 2 discos duros, 6 Simcards, 9 routers, 6 celulares, 2 monitores y un DVR.
Las autoridades indicaron que la investigación inició en diciembre de 2022, cuando fueron reportados por medio del servicio CAI VIRTUAL, varios correos tipo phishing, los cuales fueron analizados por los investigadores, obteniendo muestras de Malware tipo RAT, que eran distribuidos por todo el territorio nacional, infectando los dispositivos de las víctimas.
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Estas personas generaban diariamente más de 10.000 correos o mensajes de texto falsos, suplantando instituciones públicas y privadas, tales como la Fiscalía General de la Nación, Secretarias de Tránsito, DIAN, INTERPOL y bancos.
De acuerdo con el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional, una vez, las personas caían en el engaño dando clic en el link malicioso, se les instalaba automáticamente en sus dispositivos tecnológicos un programa malicioso, dándole acceso remoto a los cibercriminales, los cuales hurtaban información financiera de las víctimas, materializando diferentes fraudes bancarios.
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De acuerdo a los últimos 5 años, esta modalidad tiene un aumento promedio del 30 % en vísperas navideñas.
Estos ciberdelincuentes fueron capturados por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales y uso de software malicioso.
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Los detenidos fueron presentados ante varios Jueces de Control de Garantías, quienes dieron legalidad a sus capturas, la Fiscalía General de la Nación, les imputó cargos de acuerdo al rol en la organización y participación en las actividades ilegales y fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.