Hasta la fecha la Universidad Popular del Cesar, UPC, ha pagado $6.000 millones en demandas laborales que ordenan el reintegro de 22 funcionarios que en el pasado fueron despedidos injustamente y que no han podido volver a sus cargos, y al tiempo el claustro académico contrató 275 más para trabajos docentes y administrativos por un valor de $2.526 millones.
Así lo advierte una auditoría de la Contraloría General de la Nación, que reveló que la vinculación de los nuevos funcionarios, ocurrida en 2012, correspondió al 17% de toda la contratación que hizo la universidad ese año.
Lo que llama la atención es que los 22 empleados despedidos no han podido reintegrarse porque sus puestos están ocupados y según la investigación, algunos están recibiendo salarios sin trabajar, por lo que la Contraloría advierte un millonario detrimento patrimonial.
En su momento, cada rector declaraba la insubsistencia del cargo de algún funcionario con motivaciones falsas, lo que se demostró después en el proceso de demanda laboral.
A la Universidad Popular del Cesar le ha tocado cumplir, por mandamiento del Tribunal Administrativo del Cesar, con las indemnizaciones a los afectados, que además deben ser reintegrados.
Para la Contraloría, esto apenas es el comienzo, porque se estima que en estos procesos, la entidad terminará pagando unos $10.000 millones más.
Ampliar la planta, la solución. El rector de la UPC, Jesualdo Hernández, reconoce a las demandas como un 'lunar negro' en la administración, pero a cambio, mientras se surten los pagos, ofrece como solución ampliar la planta de personal para poder devolverle los puestos a quienes fueron desvinculados, solicitud que dijo presentará ante el Consejo Superior del claustro académico.
Sostuvo que al parecer en la universidad carecía de una defensa jurídica. 'Cuando llegamos a la UPC, en 2011, encontramos este punto negativo, conformando un equipo que hoy le permite transitar a la entidad por los caminos de una buena defensa para salvaguardar sus recursos'.
Señaló que mientras hacen gestiones ante los ministerios de Hacienda y Educación buscando recursos para el fortalecimiento financiero y académico de la universidad, su administración en los últimos tres años ha pagado $6.000 millones en procesos judiciales que bien podían ser invertidos para 'rebajar de manera sustancial las matrículas financieras de los estudiantes o para el mejoramiento de la estructura física, tecnológica y laboratorios, que es hacia donde apunta lo misional de la academia'.
Sin embargo, manifestó que 'somos muy respetuosos de la justicia y esta nos conmina a cancelar demandas porque en algún momento administraciones anteriores desvincularon a profesores y personal administrativo y a ellos, reclamando sus derechos, los juzgados le concedieron la razón y nos preocupa porque no solo son 6.000 millones de pesos, sino las que están por venir, por lo que la universidad terminaría pagando en promedio unos 10.000 millones de pesos'.
