El Caribe colombiano se ha convertido en el epicentro de los problemas energéticos del país. Aunque en otras regiones también se registran afectaciones, la situación en esta zona se ha agudizado por factores como la pobreza, la falta de inversión y la precariedad de las redes eléctricas, entre otros.
La demanda de energía, que en muchos casos refleja progreso por el mayor movimiento en hogares, comercios e industrias, también exige que la oferta y las redes estén en capacidad de responder sin comprometer la calidad del servicio.
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En Colombia, la mayor parte del territorio cuenta con cobertura energética; a pesar de esto, existe un número significativo de familias que viven en zonas que la legislación ha catalogado como “subnormales eléctricamente”, desde la creación de la Ley 812 de 2003, a través de la cual el Estado reconoció la existencia de estas zonas y su obligación de garantizarles acceso a la energía bajo condiciones especiales.
Para los expertos, este ha sido, sin duda, un paso más hacia la justicia social; sin embargo, este avance normativo se ha transformado en un problema financiero y social de grandes proporciones para los operadores de red que atienden el Caribe.
Así lo expresó Ricardo Arango, gerente general de Afinia –filial del Grupo EPM, que opera en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y 11 municipios del Magdalena–, quien afirmó que en las dos últimas décadas la prestación del servicio de energía en la región se ha convertido en un “profundo problema estructural” que en la actualidad amenaza la sostenibilidad de las empresas prestadoras del servicio.
En ese sentido, recalcó que la región concentra más del 91.66 % de las zonas subnormales del país, por lo que las empresas que operan en el Caribe deben garantizar el servicio en comunidades sin redes formales, sin medición individual del consumo y sin capacidad de pago por un suministro continuo se convierte en una “tarea titánica”.
En el caso de Afinia, de acuerdo con Arango, cuentan con más de 167.000 usuarios en estas condiciones, donde se registran consumos promedio de 330 kilovatios hora al mes, superiores incluso a los de un hogar estrato 1 de la región. Ese consumo equivale a más de $27 mil millones mensuales, de los cuales solo se paga el 5 %.
“El resto se convierte en pérdidas anuales que superan los $300 mil millones. Aunque la ley creó mecanismos para cubrir esos costos mediante subsidios del Fondo de Energía Social (FOES) y el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, la realidad es que los recursos llegan tarde, incompletos o simplemente no llegan”, expresó.
En el caso de Air-e –que presta sus servicios de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena– estos sectores se denominan como “barrios de atención prioritaria o en proceso de normalización”, en los cuales se contabilizan alrededor de 179.561 usuarios.
De este número, en el Atlántico se encuentran asentados 69.793; en Magdalena, 72.459, y en La Guajira, 37.309 usuarios, con un consumo mensual de cerca de 83 gigavatios hora; en promedio, representa un gasto energético de 463 kilovatios hora al mes. Esto corresponde a una facturación mensual de $50.699.570.222, lo que ha provocado una deuda actualmente de $2.5 billones.
Preocupación latente
Para las directivas de ambas compañías, la situación es preocupante, porque estas empresas están obligadas a seguir prestando el servicio en medio de altos riesgos eléctricos.
“Las sobrecargas frecuentemente terminan en daños que en ocasiones incitan a que los líderes bloqueen vías y alteren el orden público responsabilizando a los operadores”, subrayaron.
También se señaló que las zonas subnormales crecen sin control ni su respectivo reconocimiento por parte de algunos entes territoriales.
En ese sentido, se expanden con nuevos asentamientos ilegales, migraciones y desplazamientos que los municipios no certifican ni gestionan. Por tal motivo, según las compañías, algunas medidas como los Períodos de Continuidad Concertada (PCC) deben entenderse como instrumentos de corresponsabilidad y no como sanciones.
Al respecto, Arango especificó que estos son acuerdos legítimos entre la empresa, la comunidad y las autoridades para ajustar el servicio según el cumplimiento de compromisos de pago y avanzar hacia la normalización: “No se trata de castigar la pobreza, sino de garantizar sostenibilidad y equidad”.
Efecto dominó
Para César Uparela, experto en temas energéticos, la subnormalidad eléctrica en el caso de la región Caribe, la más afectada del país, es un problema que afecta más a Air-e, porque concentra la mayor cantidad de usuarios en esa condición.
Mencionó que, además del robo de energía, muchos de estos usuarios consumen muy por encima de los 172 kilovatios/hora al mes, que es el límite para recibir subsidios. Agregó que en los estratos 1 y 2 se encuentran hogares con aires acondicionados y múltiples electrodomésticos que triplican el consumo promedio.
Ante este escenario, el también líder gremial advirtió que esta situación agudiza la crisis de Air-e, que no tiene caja suficiente para pagar las grandes deudas que ha acumulado, que ya suman entre $5 y $6 billones, y si la empresa no logra recursos —y la Superintendencia de Servicios Públicos, a través del fondo de inversión, no tiene dinero para apoyarla—, la situación puede comprometer la operación del sistema.
“Al tratarse de un sistema interconectado, un eventual colapso de Air-e impactaría a los demás actores, generando el efecto dominó del que habló el ministro”, expresó.
Redes eléctricas agotadas
Carlos Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) le aseguró a EL HERALDO que son múltiples los factores que han persistido y afectado la calidad de las redes de energía.
Señaló que las redes de transmisión y distribución están agotadas y la falta de inversión ha originado una infraestructura deficiente, lo que aumenta los problemas de calidad en el suministro de energía.
Adicionalmente, sostuvo que durante varios años se han venido presentando pérdidas significativas técnicas y no técnicas —robos y conexiones fraudulentas—, las cuales son mayores que en el resto del país.
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Estimó que el costo de las pérdidas totales afecta el 30 % de la compra de energía en la región.
Y reiteró que el estado de las redes eléctricas en el Caribe “es precario” por la falta de inversión en las últimas dos décadas.
A esto se suma el estado obsoleto de esas redes, lo que incrementa las pérdidas y dificulta su medición, generando confusión en los balances energéticos.
Aunque se han ejecutado proyectos importantes para mejorar las redes de energía en la región —como el Plan5Caribe y el refuerzo de la transmisión a 220 kV—, estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar la calidad y continuidad del servicio. Persisten además marcadas desigualdades en la cobertura entre departamentos y municipios.
Proyectos Prone
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), creado por la Ley 1117 de 2006, le permite al Gobierno nacional financiar planes, programas y proyectos que cumplan con los criterios establecidos en el Decreto 1123 de 2008 y en las normas que lo modifiquen o complementen. Su vigencia se mantiene en línea con la de los fondos que aportan los recursos para su ejecución.
En el caso de Afinia se presentarán 27 nuevos proyectos, mientras que la empresa Air-e proyecta implementar 24, que beneficiarán a 5.307 familias en los tres departamentos con un presupuesto de $97.116 millones.
Con estos recursos, la empresa iniciará los procesos de contratación de las obras, las cuales deberán contemplar de manera obligatoria componentes de autogeneración.
El propósito de estos proyectos de normalización corresponde a la instalación de paneles solares en las zonas priorizadas y promover un modelo energético más sostenible.
De acuerdo con la empresa Air-e, la iniciativa tiene como fin contribuir al cuidado del medio ambiente mediante el aprovechamiento de fuentes renovables y disminuir el costo del servicio de energía eléctrica para los usuarios beneficiados.
Medidas para mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico
La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) aseguró que para mejorar la calidad técnica y la atención al usuario se necesita la actualización del mapeo crítico de las redes de transmisión y distribución para identificar los circuitos con mayores tiempos de interrupción y mayores frecuencias de apagones, con el fin de diseñar un plan de atención priorizada.
Asimismo, el gremio indicó la necesidad de desarrollar campañas intensivas de poda y despeje en los principales corredores de transmisión y distribución para garantizar su seguridad y mitigar riesgos.
También recomendó acelerar el despliegue de medidores inteligentes en zonas con altos índices de pérdidas o consumo irregular. Además, mejorar la relación empresa–cliente, la falta de un adecuado manejo de PQR ha deteriorado esta relación.
Por último, fortalecer el plan maestro de electrificación y la reducción de pobreza energética, con focalización adecuada de subsidios y programas de eficiencia energética.
