La reciente alerta emitida por XM —operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM)— confirma las cifras que el sector energético le ha venido advirtiendo al Gobierno en reiteradas ocasiones: el riesgo de un apagón es alto.
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En su informe, XM expone que en Colombia se disminuye de manera acelerada la capacidad para cubrir la demanda de energía firme actual y en las próximas vigencias. Incluso, se sostiene que el sistema no dispone de energía firme, considerando el nuevo escenario de demanda media proyectado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
De acuerdo con el reporte de XM, el déficit para este año se estima en 1.224 gigavatios de energía firme. La razón, revela la entidad en su informe, es el aumento significativo del consumo de energía y el retraso de la ejecución de los proyectos de generación de todas las tecnologías.
También advierte que las Obligaciones de Energía Firme (OEF) para la vigencia 2028–2029 aún no se han asignado. Esto posiblemente generaría un gran déficit en ese periodo, teniendo en cuenta que no es viable ejecutar nuevos proyectos a tiempo. Y el anuncio de la próxima subasta está destinado a adjudicar energía para el periodo 2029-2030.
Riesgo de apagón físico
EL HERALDO consultó a varios expertos en temas energéticos para analizar –desde diferentes aristas– la situación del país ante este panorama, donde el corto margen entre la oferta y la demanda de energía es cada vez más crítico.
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El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo que el sistema eléctrico está en el más “alto grado de estrés”, a causa de la estrechez entre la oferta y la demanda.
Explicó que, en este momento, el margen de maniobra entre oferta y demanda no supera el 2 %: “Actualmente, hay una demanda que está alrededor de 230 gigavatios por día y la oferta que no supera los 250 gigavatios por día”.
Así las cosas, un riesgo de apagón es alto en varias zonas del país. “O se puede presentar un riesgo de racionamiento como el que ya tenemos en la región Caribe”, advirtió.
Acosta se refirió a un comunicado que publicó XM de septiembre de 2023 en el que informó que las líneas de transmisión que transportan la energía desde el interior del país a la región Caribe estaban agotadas.
“Lo que se estaba presentando era lo que ellos denominaron eufemísticamente una demanda no atendida, que no es otra cosa distinta al racionamiento”, anotó.
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Para los analistas, el Gobierno aún tiene margen, aunque mínimo, para reaccionar y anticiparse a ese momento en que la demanda de energía supere la oferta de generación y evitar un apagón.
Si bien el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunciaron una subasta de expansión a través del cargo por confiabilidad y una más de reconfiguración, esto no es garantía para que los proyectos ingresen al mercado.
De hecho, en los últimos años, algunos proyectos aún no han logrado iniciar su operación. Así lo evidencian los datos socializados por XM, que reflejan que el ingreso de nuevos gigavatios al sistema energético ha estado muy por debajo de lo proyectado.
En 2021, de los 1,8 gigavatios esperados, solo entró en operación el 7 %. En 2022 apenas se incorporó el 28 % de los 3,6 gigavatios previstos. Y en 2023, la situación fue aún más crítica: de los 6,6 gigavatios programados, solo se logró incorporar el 17 %, equivalente a 1,1 gigavatios.
Apagón financiero
Otro aspecto que preocupa al sector es el alto riesgo de un apagón financiero por el retraso por parte del Gobierno de los desembolsos de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3.
Las obligaciones del Estado con el sector, correspondiente a cuentas por cobrar, están por el orden de los $7 billones.
A la fecha, por subsidios de energía la deuda es de cerca de $3 billones, y sigue aumentando.
“Es una cifra histórica”, dijo recientemente José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
Cabe recordar que mensualmente las comercializadoras asumen más de $300 mil millones por subsidios de las tarifas de energía y solo en los últimos tres meses se han pagado $923 mil millones de los compromisos pendientes.
Y con el agravante, señaló Manzur, que en el 2025 no hay recursos apropiados en el Presupuesto General de la Nación por los nueve meses que restan.
A esto se le suma que la estabilidad financiera de los generadores se puede ver comprometida al no poder limitar el suministro a los distribuidores cuando hay saldos en mora.
A su turno, el analista energético Javier Lastra se refirió al impacto del programa Colombia Solar, con el cual pretende destinar los recursos de subsidios para instalar paneles solares a los hogares que se benefician de esa ayuda económica.
“Esta podría ser una excelente solución, pero es a largo plazo, además de requerir de una transición para desarrollarla de manera estratégica”, explicó.
Lastra señaló que las inquietudes que surgen están asociadas a la complejidad para el montaje de paneles en las débiles estructuras de las viviendas destinatarias y su ubicación para recibir la radiación durante las horas necesarias para garantizar la eficiencia, además de determinar cómo pagarían los usuarios la energía consumida en la noche si se eliminan los subsidios.
Al respecto, una fuente del sector energético afirmó que el Gobierno lo que debería hacer es impulsar y poner en práctica las comunidades energéticas, debido a que con las recientes medidas normativas y regulatorias ya se puede aplicar.
“Desde antes del inicio del gobierno Petro, fue uno de los pilares de la campaña. Pero lo que hemos visto en estos casi tres años son muchos discursos, muchas asambleas, a los ministros pasados anunciando en todas las ciudades el tema, pero en la práctica no hay nada”, mencionó la fuente.
Reiteró que la transición energética requiere planificación y no debe hacerse con improvisación: “Los paneles solares en los hogares son una alternativa, pero no reemplazan la red nacional y, sin almacenamiento, no garantizan cobertura continua de la demanda de energía”.
Además, enfatizó que el programa Colombia Solar no debe financiarse con deuda pública sin planificación ni desfinanciar el presupuesto del Fondo de Solidaridad para poder financiar los subsidios a los estratos más vulnerables.
Inestabilidad jurídica
Otra observación que el sector energético le hace al Gobierno nacional es la inestabilidad jurídica en la que se encuentran ante las recientes medidas tomadas por la Creg y el anuncio de más resoluciones.
A los gremios energéticos les preocupa el hecho de que el Gobierno intente tomarse atribuciones regulatorias que son propias de la Creg y que dicha entidad no ha podido ser conformada de manera adecuada, revalidando su función técnica e independiente.
Esta tensa situación entre el Gobierno y el sector eléctrico se intensificó tras el consejo de ministros televisado del 7 de abril de 2025, cuando el presidente Petro acusó a las empresas energéticas de formar un “oligopolio” que estaría “robando el dinero” de los colombianos, calificándolo como “una especie de feudalismo” y “uno de los grandes hechos de corrupción”.
Un día después, Petro siguió en su cuenta de X criticando a las generadoras por falta de voluntad para respetar los techos tarifarios establecidos legalmente y anunció algunas medidas que tomará para proteger a los usuarios, afirmando que están dentro de sus facultades constitucionales y legales, y que además impulsará desde la Creg.
Uno de estos anuncios es limitar las ventas de energía en bolsa a solo un 5 % del total generado, con el fin de evitar la especulación y controlar los precios.
Inmediatamente, y de manera contundente, el Comité Intergremial, del que hacen parte Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia y la ACP, rechazó esta propuesta, y a través de un comunicado afirmó que los precios en la bolsa de energía reflejan la relación entre oferta y demanda, sin representar ganancias injustificadas.
Explicó que en períodos de alta disponibilidad hídrica, los precios bajan; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7 % en la tarifa que pagan los usuarios finales.
“Insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5% rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos”, se lee en el mencionado comunicado.
En esa misma línea, otros analistas consultados afirman que normalmente quienes acuden a la bolsa son las empresas que tienen dificultades para asegurar contratos de mediano o largo plazo. Proponen que en vez de establecer límites al porcentaje, se debe promover que la forma en que se remuneran las ventas sea diferente.
Asimismo, dijeron que limitar al 5 % la compraventa de energía en bolsa a generadores hidráulicos como renovables podría encarecer los contratos bilaterales que suscriben los comercializadores con generadores, afectando a los usuarios.
Acolgen le aclara a minminas que en febrero no hubo sobreremuneración
En su cuenta de X, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) le aclaró al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma –después que señalara la existencia de una sobreremuneración en el precio en bolsa de energía en el mes de febrero– que la tarifa en promedio es inferior al 8 %.
Y le recordó que la formación de precios en la bolsa no representa ni el total del cobro que mensualmente pagan los usuarios por la energía que consumen, ni tampoco el pago de los generadores.
Esta respuesta se da luego que el ministro pusiera como ejemplo que el 6 de febrero, entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m. se compró energía en un precio superior a los $800. A lo que Acolgen le explicó que en esa hora, la demanda superó la oferta de generación hidráulica (7,5GWh vs 11,1GWh), “lo que significó que no tuvimos suficiente agua para atender las necesidades energéticas de los colombianos”.
Y agregó que por esa razón, en ese lapso entre las 7 y 8 de la noche se debió activar una generación térmica confiable pero más costosa, para poder atender a todos los colombianos.
“Esto se debe principalmente a la demora en la entrada de proyectos y la ausencia de subastas exitosas en términos de confiabilidad”, puntualizó el gremio.
Se necesita el ingreso de nuevos proyectos
Ante el evidente déficit de energía evidenciado en el informe, XM recomienda acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación de todas las tecnologías, así como prepararse desde el invierno con el uso de plantas térmicas.
“La capacidad de almacenamiento de agua está quedando corta frente al crecimiento del consumo. Para garantizar energía en época seca, se necesita llegar al verano con niveles de embalse más altos, lo cual exige usar las plantas térmicas incluso en invierno”, sostuvo.
Al respecto, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, destacó la importancia de mantener operativas las plantas térmicas para garantizar la confiabilidad del sistema, en especial en fenómenos como El Niño. Señaló que, en años lluviosos, la generación térmica representa entre el 15% y 18% del consumo nacional, pero durante El Niño, esta participación puede aumentar significativamente, alcanzando hasta el 55%.
Por otro lado los gremios sostienen que son necesarias las inversiones que permitan mejorar y expandir el servicio. Colombia necesita 1000 MW de energía firme adicionales en los próximos 3 años para atender la demanda y mantener el equilibrio del sistema.
