En los últimos días, el debate en torno al futuro de la deuda de los saldos de la opción tarifaria, uno de los componentes de las tarifas de energía y que ha impactado el costo del servicio, en especial en la región Caribe, tiene un nuevo capítulo.
La reciente propuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de que los estratos más altos asuman el pago de esta deuda, ha generado un rechazo generalizado entre distintos sectores.
Tras el anuncio, usuarios y líderes gremiales de los diferentes sectores alzaron su voz de protesta y le recordaron al presidente Gustavo Petro la promesa que hizo en Barranquilla, en donde aseguró que la deuda de los estratos 1, 2 y 3 sería asumida por la Nación.
Y es que altas tarifas de energía en la región Caribe han sido durante años el “dolor de cabeza” de los usuarios y el tema central en discursos políticos y de promesas de campañas electorales.
Cabe recordar que en el 2020, en medio de la crisis económica y social provocada por la pandemia, el gobierno de Iván Duque implementó este mecanismo para diferir los aumentos en las tarifas de energía. Esta decisión permitió postergar el alza, trasladando su pago en cuotas a los usuarios a través de sus facturas de luz en los años siguientes.
A la fecha los usuarios de las comercializadoras Air-e y Afinia siguen pagando esta deuda dentro de su factura de energía.
En el caso de la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, que opera en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y en 11 municipios del Magdalena, la deuda por este concepto a día de hoy es 1,395 billones de pesos.
En los estratos 1, 2 y 3, que el Gobierno nacional señaló que asumiría, se acumula un valor de 970 mil millones de pesos. Los $425 mil millones restantes son de los estratos 4,5 ,6 y clientes con tarifas no residenciales.
Promesa incumplida
El 7 de mayo, durante una visita a Barranquilla, el presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso, anunció que el Gobierno asumiría a través del presupuesto nacional el costo de la opción tarifaria de todo el país, que en ese momento estaba en $5 billones. Solo en la región Caribe los saldos de este componente eran por 2.5 billones de pesos.
En su momento dijo textualmente: “Esa deuda tiene que titularizarse, es decir se convierte en deuda pública de la Nación. La opción tarifaria que debía pagar la familia a las comercializadoras en energía eléctrica debe pagarla la Nación y eso se llama títulos de deuda pública nacional. Debemos sincerar la deuda, poner en blanco y negro las mentiras que dijo Duque y pagar como Nación”
Sin embargo, durante el año 2024 no se concretó este compromiso. Pero como un “premio de consolación” el 17 de septiembre, el entonces agente interventor de Air-e, Carlos Diago, por orden del jefe de Estado, difirió el saldo de la deuda a 10 años. Pasando de 265 pesos a 12 pesos por kilovatio.
Pese que esto logró que el costo de la factura disminuyera considerablemente, el compromiso de asumir la deuda seguía sin cumplirse.
Ley de financiamiento
En otra visita del presidente a Barranquilla, el pasado 12 de diciembre, durante su participación en la Asamblea Popular por la Democratización Energética, justificó que la Nación no asumiría la opción tarifaria porque, según él, los congresistas de la Bancada Caribe hundieron la ley de financiamiento.
El anuncio de Minminas
En medio de su intervención en el encuentro Colombia Genera que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena esta semana, Palma propuso que sean los estratos 4, 5, 6 y los sectores industrial y comercial los que paguen los saldos de la opción tarifaria.
El jefe de la cartera de minas argumentó que tras la caída de la ley de financiamiento se tenían que buscar otras salidas. Y aclaró que la promesa del presidente cuando se comprometió en asumir este saldo –que actualmente está por el orden a nivel nacional de $3.1 billones– fue llevarla al Legislativo “y el Congreso de la República decidió archivarla”, insistió.
Voces de rechazo
Los líderes gremiales de los diferentes sectores fueron los primeros en rechazar la propuesta por la carga económica que esto representa para los usuarios de los estratos altos, que ya dentro de su factura contribuyen para subsidiar los estratos 1, 2 y 3.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, calificó la propuesta como inconveniente ya que esta medida, señaló, afectaría la competitividad empresarial, encarecería costos operativos y perjudicaría la generación de empleo, impactando a micros y pequeñas empresas del Atlántico.
Además que elevaría las tarifas de energía para los hogares y desincentivaría la inversión.
Ante este anuncio, el líder gremial le hizo un llamado al Gobierno para priorizar la estabilidad financiera del sector, cumplir con los pagos pendientes de subsidios y evitar decisiones que agraven la crisis energética en la región Caribe.
“El llamado es para que honre sus compromisos y busque soluciones responsables y sostenibles, y no trasladar su obligación a los sectores productivos y a los ciudadanos”, afirmó Cepeda
Por su parte, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), confirmó que la deuda por opción tarifaria es de $3.1 billones.
Señaló que si bien es cierto que esta deuda la vienen pagando los usuarios, este es un tema complejo. “El mensaje que está dando el ministro es que esa promesa del señor presidente no se va a cumplir”.
Recalcó que para bajar las tarifas a los usuarios no se le puede poner más carga a los estratos más altos, la industria y el comercio. Puso de presente que esos usuarios ya vienen pagando una sobretasa del 20 % para financiar los subsidios de los usuarios de estratos 1,2 y 3, además de pagar la opción tarifaria.
Para el líder gremial, el jefe de Estado puede utilizar otro tipo de recursos como las regalías para asumir esta deuda.
Analistas energéticos
El experto en temas energéticos César Uparela cree que la propuesta del ministro de Minas y Energía de que los estratos altos asuman la opción tarifaria es un “despropósito”, ya que el estrato 4 no recibe ni otorga subsidios.
Dijo además que la prestación de los servicios públicos es responsabilidad del Estado según las leyes 142 y 143, por lo que no puede trasladar esa obligación a los privados. Si se aplica esta medida, debería ser la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) quien la reglamentara, no el ministro, aseguró Uparela.
Desde los órganos de control
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga aseguró a EL HERALDO que si bien todas las propuestas deben ser objeto de análisis, es “completamente complejo” que se establezcan mayores cargas a las tarifas de los estratos 4, 5 y 6 a causa de un “inadecuado manejo del sector”.
“Esto conllevará a que los usuarios de estos estratos tendrán que pagar tarifas más altas. Esa carga adicional genera más desigualdad e inequidad en la forma como estamos evaluando las reales causas de la crisis que existe en el sector”, explicó.
En ese sentido, Zuluaga puso de presente que el país está entrando en un desabastecimiento energético debido a que no se están cumpliendo las condiciones para cubrir la demanda energética: “Cada año, Colombia necesita un 7 % más de energía, pero son menos los proyectos que generan energía, ya sea limpia o convencional”.
Recalcó que el Caribe colombiano debe contar con una tarifa diferencial debido a que “el suministro de energía es vital para la salud; tener un aire acondicionado en el Atlántico o en cualquier otro departamento de la región es un tema de supervivencia, de calidad de vida”, puntualizó.
