El apagón los primeros días del mes de enero de este año, en Puerto Carreño, Vichada, ‘encendió’ las alarmas en toda la cadena del sector energético del país. Los retrasos en los pagos de los subsidios por parte del Gobierno nacional tienen a más de una de las empresas comercializadoras en crisis y podrían también “apagarse” ante la falta de estos recursos para seguir operando.
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Esta población sufrió por dos días la falta de energía por una deuda con Refoenergy, uno de los proveedores de Electrovichada, empresa de servicios públicos del departamento.
Esta situación fue advertida, así lo aseguraron los gremios del sector energético del país a través de una carta enviada al Gobierno nacional a finales de diciembre del año anterior.
Esta realidad la están viviendo otras empresas de comercializadoras de energía, que al no tener el músculo financiero para poder continuar entregando los subsidios son las que más se ven afectadas. Las compañías con mayor problema están en la región Caribe, el Chocó, Cauca, Putumayo y Nariño.
En ese sentido, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), expresó su preocupación por lo ocurrido en esta población y la cual se podía replicar en otras zonas de Colombia.
“Nosotros le habíamos dicho al Gobierno que iba a haber un apagón financiero y no nos creyeron. Le enviamos la última carta el 30 de diciembre donde le decíamos se van a apagar sectores, fundamentalmente empresas públicas pequeñas de los territorios colombianos. Ellos creyeron que no y así sucedió, ya vimos lo de Puerto Carreño, más de 40.000 colombianos tuvieron que estar apagados por un par de días. Entonces, era una muerte anunciada y hoy lo que queremos anticiparlos es a que no nos equivoquemos”, sostuvo el también presidente del Consejo Gremial Nacional.
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El líder gremial detalló que las deudas por subsidios del 2024 de los estratos 1,2 y 3 superan los 2.7 billones de pesos, y por subsidios de gas la cifra supera los 628 mil millones de pesos a corte de diciembre de 2024.
Con respecto a la opción tarifaria, señaló que, pese a que se ha venido pagando, la cifra es aún muy alta: “Está por encima de los 4 billones de pesos, es algo verdaderamente impresionante”.
Y recordó que el presidente Gustavo Petro se comprometió con la región Caribe para asumir este componente en los estratos 1,2 y 3, lo cual no estaba ligado inicialmente a ninguna ley de financiamiento.
Sánchez insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional se ponga al día con las más de 35 empresas comercializadoras, porque el riesgo de llegar a una crisis económica del sector es muy fuerte.
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Y recalcó que, en este momento, es el Gobierno a través del ministerio de Hacienda, los encargados de priorizar a quienes van a dirigir los pagos con el presupuesto nacional.
“Está en manos de ellos priorizar y decidir que los impuestos que pagamos nosotros, que son más de 3 billones de pesos del sector, se reinviertan en este momento para mantener viva la economía y evitar ese apagón financiero”, anotó Sánchez.
Gremios energéticos
En reiteradas ocasiones, los integrantes del Comité Intergremial de Energía y Gas le han venido insistiendo al Gobierno sobre la urgencia del desembolso de estos recursos para las empresas comercializadoras.
Así se lo expresaron el pasado 10 de enero en una carta enviada al contralor Carlos Rodríguez para que conociera de primera mano los requerimientos y los riesgos que atraviesa el sector energético a causa del retraso de estos desembolsos.
En la misiva, los gremios le advierten sobre la crisis financiera del sector eléctrico y las acciones conjuntas que se deben tomar para conjurar esta situación.
En la comunicación, le recuerdan que fue la misma Contraloría General la que en septiembre de 2023 emitió un control de advertencia sobre el riesgo de un “apagón financiero” en el sector eléctrico por “problemas exógenos asociados a la liquidez de las empresas”, advertencia, que fue emitida en forma oportuna y cuyas causas “lamentablemente consideramos que han sido desatendidas por el Gobierno nacional, y parece estarse materializando”.
Los gremios en conjunto le manifiestan al contralor que, en un momento de estrechez de balances entre oferta y demanda energética, las decisiones adoptadas por el Gobierno están desincentivando las inversiones necesarias para la expansión de la capacidad de generación y transporte de energía que el país requiere con urgencia.
Lo cual, según enfatizaron, pone en riesgo no solo la sostenibilidad del sector, sino también la capacidad de responder a las crecientes necesidades energéticas de la economía nacional.
En ese sentido, han reiterado que si no reciben los pagos pendientes podría llegar a darse un “apagón financiero” afectando a todas las empresas de la cadena y el servicio.
De acuerdo con los gremios, históricamente, a medida que el Gobierno venía recaudando ingresos fiscales y de otras fuentes en el Presupuesto, le iba girando a las empresas los subsidios, “pero nunca antes estas deudas estatales habían llegado a los niveles que hoy tienen contra las cuerdas a las empresas, que se enfrentan a una sin salida cada vez más inmanejable”.
Las deudas acumuladas
José Manzur, director Ejecutivo de Asocodis, indicó que la cartera acumulada supera los $7 billones a diciembre de 2024 y tiene al sector “asfixiado”.
Explicó que $2,7 billones corresponde a los subsidios, $3,3 billones del total de opción tarifaria, $1 billón de deuda oficial y $400.000 millones correspondiente a compras de energía en bolsa que no se pueden trasladar a los usuarios y que también se deben diferir.
Deuda de entidades oficiales
Para las empresas comercializadoras la cartera morosa de las entidades oficiales se ha convertido en un callejón sin salida. Si bien adelantan las gestiones de cobro, estas no se ven materializadas y aun así constitucionalmente deben seguir prestándole el servicio de energía.
En el caso de la empresa Air-e, recientemente le solicitó a la Procuraduría General de la Nación su intervención para recuperar la cartera morosa por más de $94 mil millones con estas entidades en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena que mayormente está concentrada en lo que la Corte Constitucional denominó “Bienes Constitucionalmente Protegidos”, sobre los cuales no es viable la suspensión o el corte del servicio de energía, manifestó el agente interventor Edwin Palma a la procuraduría.
Deuda con los generadores
Para Acolgen la sostenibilidad financiera de comercializadoras de energía es uno de los principales riesgos del sector en 2025.
De acuerdo con la agremiación, esto compromete la capacidad de las comercializadoras para cubrir costos operativos y limita su posibilidad de invertir para expandir y mejorar el servicio.
Además, afecta la calidad del suministro eléctrico en las regiones por pérdida de confianza inversionista, con el riesgo del retiro de proyectos.
“Es un panorama poco alentador de la expansión del parque generador. Según datos de XM y la UPME, para 2027 el sistema podría enfrentar un déficit del 1,1% entre oferta de energía firme y demanda”, expuso el gremio.
En la región Caribe, la comercializadora Air-e, intervenida por el Gobierno a través de la Superservicios, tiene una deuda y obligaciones superiores a los 500 mil millones de pesos -la cual se congeló por la intervención- pendiente con toda la cadena del sector energético y “aún no se conjuran los riesgos para asumir la prestación del servicio sin afectaciones a los usuarios”.
Lo que espera el sector
Ante el riesgo de un “apagón financiero” como lo califica toda la cadena del sector energético, le piden al Gobierno, de manera urgente, desembolsar, los valores adeudados a las empresas, ya que se requiere flujo de caja inmediato para sostener la operación.
Piden la titulación de la deuda actual que tiene el Gobierno con las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural y además permitir la realización de un cruce de impuestos a las empresas con las que actualmente se tienen valores adeudados, tal como se establece en el Decreto 1244 de 2013, que reglamentó el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012.
A través de varios comunicados los gremios y sus empresas afiliadas han invitado reiteradamente al concurso de todos los actores, diálogo y trabajo conjunto. Han insistido en que se debe pasar de los discursos y promesas a las acciones oportunas y eficaces acordes a la realidad, de lo contrario, “la tormenta nos amenaza con dejarnos a oscuras”.
El Gobierno le adeuda a la comercializadora Afinia más $691 mil millones
La comercializadora Afinia, filial del Grupo EPM, que opera en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba, le ha pedido al Gobierno nacional en reiteradas ocasiones el desembolso de más de $691 mil millones por los subsidios que se le entregan a los usuarios de los estratos 1,2 y 3.
De acuerdo con la entidad, esto más los saldos de la opción tarifaria por más de $1 billón, que también esperan se desembolsen, tal como manifestó el presidente Petro el 7 de mayo en Barranquilla, para estrato 1,2 y3, son recursos necesarios para la operación y seguir garantizando la distribución a estos sectores menos favorecidos.
El gerente de Afinia, Jhon Granada, recalcó que el recaudo del solo 78,3% da señales de la urgencia de que los usuarios cumplan con la obligación del pago por el disfrute del consumo de la energía y además se conecten legalmente, eviten y denuncien los fraudes que se constituyen en un delito y otras afectaciones para la comunidad.
Granada también se refirió a las deudas de las entidades públicas en los 4 departamentos que acumulan a la fecha una obligación por más de $300 mil millones. Algunas de estas entidades son colegios, hospitales, cárceles y oficinas municipales de algunas zonas que “no pagan el servicio ni tampoco acceden a los acuerdos que les hemos plateado”, anotó.
El gerente de Afinia manifestó que confía en el pago de las obligaciones pendientes por parte del Gobierno y así garantizar la confiabilidad del servicio y la gestión empresarial, que hacen posible 1.400 colaboradores directos y más de 6 mil indirectos.
El llamado a la Contraloría
El comité intergremial conformado por las diferentes asociaciones del sector energéticos le pidieron a la Contraloría coordinar y liderar, junto con los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda, una reunión de carácter urgente para analizar esta problemática y definir soluciones conjuntas.
En carta enviada al contralor, Carlos Rodríguez, le piden emitir un nuevo control de advertencia que visibilice los riesgos actuales y motive la acción inmediata del Gobierno nacional en los temas de subsidios, opción tarifaria, estabilización del mercado eléctrico y fondeo del Fondo Empresarial.
