El debate alrededor del cobro de la tasa de seguridad en la factura de energía se revive. El agente interventor de la empresa Air-e, Edwin Palma, envió una carta a la Asamblea del Atlántico, en la cual insta a adelantar una revisión alrededor de dicho tributo y el impacto que tiene en las familias más vulnerables del departamento.
A través de una misiva dirigida al presidente de la Duma, Federico Ucrós, el representante de la compañía realizó una serie de precisiones jurídicas sobre este caso en particular.
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En el documento se recalcó que existen “serios reparos jurídicos” sobre la forma en que se definió el tributo y la imposición de la condición de agente recaudador, así como las obligaciones de declaración y pago derivados de esta gestión fiscal.
“Este tributo viola las Leyes 1106 de 2006, 1421 de 2010, 2272 de 2022 y desconoce las sentencias C-101-22 y C-363- 23, entre otras, ya que en ellas no se habilitó a las entidades territoriales para establecer la presentación de una declaración del recaudo con pago, así como tampoco la imposición de una sanción en caso de no hacerlo”, se lee en el documento firmado por Palma.
En ese sentido,indicó que dicha labor desconoce la Constitución en lo relacionado a los principios de legalidad, autonomía, justicia y equidad tributaria.
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“Por su parte, el artículo 1 de la Ley 1386 de 2010 prohíbe a las entidades territoriales delegar en terceros la administración, fiscalización y liquidación de tributos, de tal manera que al confiarle la liquidación de la tasa a las empresas comercializadores de energía se estaría violando esta norma”, agregó.
Desde Air-e también se alertó que -de acuerdo con los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998- entregar una función administrativa a un particular debe estar precedida de un acto administrativo y un convenio con la entidad correspondiente, “lo cual no ocurre en este caso”.
Además, evidenció que “la Corte Constitucional ha señalado que atendiendo las disposiciones de la Ley 142 de 1994 la facturación de tributos debe tener una relación incita o directa con el servicio de energía, lo que claramente no ocurre con la tasa”.
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Y agregó que el cobro se puede realizar de forma separada, teniendo en cuenta que “el conjunto de normas que regulan este tributo en el departamento no impone la carga de facturar conjuntamente la tasa con el servicio de energía eléctrica”.
En ese sentido, desde Air-e se indicó que debido a “la forma en que se definieron los sujetos pasivos, el hecho generador y las tarifas, dicho tributo resulta claramente inconveniente, puesto que impone una carga fiscal a los usuarios más vulnerables, independientemente de si tienen o no consumo de energía, toda vez que se grava a los usuarios de estrato uno y dos con un valor fijo”.
Otro de los cuestionamientos corresponde a que a los usuarios no residenciales se les impone una tarifa en función del consumo, “pero partiendo de un rango que empieza en cero kilovatio, lo que hace que estos usuarios no sean competitivos en las actividades productivas”.
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Por eso se solicitó que se revise la estructuración del tributo y que “cualquier modificación que se proponga o se aborde tenga en cuenta los aspectos legales y de conveniencia que hemos planteado, sobre todo cuando en la actualidad su liquidación y cobro está atado a la facturación del servicio de energía, el cual afronta grandes retos tarifarios y una profunda revisión de su estructura para poder así hacerlo más justo, equitativo y accesible a los usuarios más vulnerables”.
Visión desde la Asamblea
EL HERALDO consultó a varios miembros de la Asamblea con relación a lo expuesto por la empresa Air-e y sostuvieron que eliminar su cobro del recibo de energía generaría afectaciones para la seguridad en el departamento, así como la financiación de servicios como el alumbrado.
Carlos Rojano, diputado del Centro Democrático, defendió el cobro y aseguró que el procedimiento es legal y se encuentra amparado en el principio de autonomía territorial, siendo vital para “fortalecer la estructura de seguridad de Barranquilla, el área metropolitana y municipios”.
En ese sentido, Rojano resaltó que estos recursos son de gran importancia para este proceso debido a que “no se cuenta con colaboración del Gobierno nacional en materia de seguridad”.
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Harry Canedo, diputado por La U, indicó que desde la duma se han adelantado las gestiones pertinentes y que la revisión planteada por el agente interventor debe ser adelantada por la administración departamental.
“En este caso debe primar la concertación, porque se podrían ver afectadas muchas de las inversiones en el departamento en espacios públicos como plazas y parques, que generan desarrollo social y económico para las comunidades”, agregó.
Destacó que estos recursos han permitido que se entreguen nuevas herramientas a la Policía para incrementar la paz y la tranquilidad en el departamento.
Mientras que el diputado Alfredo Varela fue enfático al sostener que apoya las gestiones que se vienen adelantando desde distintos niveles por contar con una tarifa más justa de energía en el departamento.
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Con relación al cobro de la tasa de seguridad, Varela fue enfático al sostener que “se obliga a las familias a pagar un tributo costoso para poder recibir el servicio de energía y eso no está bien”.
También argumentó que su rechazo al cobro se debe a que “cuando analizas en qué se gasta el dinero de la tasa de seguridad, encuentras que, en gran porcentaje, se utiliza para favorecer negocios que se inventaron, mientras que otra parte se destina a temas muy ajenos a la convivencia y la seguridad”.
