Una solución definitiva a las tarifas de energía. Ese es uno de los deseos de año nuevo de los habitantes del Caribe colombiano tras un 2024 lleno de anuncios por parte del Gobierno nacional que no han logrado apaciguar esta aguda crisis que podría llevar a un nuevo apagón.
El más reciente fue hecho por el presidente Gustavo Petro y corresponde al análisis de una posible compra de la empresa Air-e, sumándose al compromiso de asumir los saldos de opción tarifaria y expedir las regulaciones pertinentes para meter en cintura a los actores de la cadena energética para garantizar una tarifa justa.
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Sin embargo, la situación sigue siendo crítica al punto que desde el Comité Intergremial de Energía y Gas se ha vuelto a enfatizar en la incertidumbre que rodea al sector debido a que el Ejecutivo no se ha puesto al día con el pago de los valores adeudados por concepto de subsidios otorgados durante el año anterior.
Por eso reiteraron que el país “está sufriendo un apagón” por esta situación, que agrava la crisis financiera de las compañías y afectando el suministro de energía eléctrica y gas natural para los ciudadanos.
Hechos relevantes
Desde enero del año anterior, los mandatarios del Caribe emprendieron una cruzada en busca de soluciones. En Cartagena se llevó a cabo una cumbre, en la cual, alcaldes y gobernadores le exigieron al Ejecutivo que hubiese equidad en las tarifas de energía para los 11 millones de habitantes de la región.
“Comemos o pagamos la luz” fue la frase que surgió de este primer espacio, en la que participaron los siete gobernadores del Caribe y alcaldes de las ciudades capitales, y que resumía, según ellos, una gran verdad para la gran mayoría de los usuarios de Air-e y Afinia.
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Esa también fue la primera desilusión de los mandatarios con el Gobierno central ante la ausencia en este encuentro del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, así como representantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de la Superservicios.
Posteriormente, el 7 de mayo durante una visita a la ciudad de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso, anunció que asumiría a través del presupuesto nacional el costo de la opción tarifaria de todo el país, que en ese momento estaba 5 billones de pesos. Solo en la región Caribe los saldos de este componente eran por 2.5 billones de pesos.
César Uparela, experto en temas energéticos, recordó que “en esa reunión estaba el ministro de Minas y Energía, al cual el señor presidente le dio orden inmediata para que se pusiera en contacto con el ministro de Hacienda y empezara a solucionar la parte financiera de esta aseveración que estaba haciendo el presidente. El mismo presidente anunció que esto se extendería a todos los estratos, incluyendo el estrato comercial y el estrato industrial”.
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Sin embargo, en el mes de junio el jefe de la cartera de Minas regresó a la ciudad acompañado del entonces superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, y anunció que solo asumirían la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. Lo cual a la fecha no se ha cumplido.
Limitación de suministro
A mediados del mes de julio, los alcaldes del Atlántico –liderados por el gobernador Eduardo Verano– se reunieron en la capital del país con el ministro de Minas con el fin de que mediara con la empresa Air-e para que le suspendieran la medida de períodos de continuidad que había puesto en marcha en 37 sectores y zonas rurales por bajos índices de recaudos.
Esta limitación de suministro de energía se realizaba por un período promedio de seis horas al día, lo cual generó malestar general ya que esta medida también afectaba a quienes si pagaban el recibo de luz.
A inicios del mes de septiembre el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos intervino administrativamente a la empresa Air-e y designó como agente interventor al ingeniero Carlos Diago.
La decisión la tomó el Gobierno ante la crisis financiera de la empresa derivado de un pasivo de 1.8 billones de pesos. Esta cartera corresponde a las facturas sin pagar por parte de los usuarios, la opción tarifaria y los subsidios que le adeuda el Estado de los estratos 1, 2 y 3.
A esta situación, se sumó el ataque cibernético tipo ransomware que logró vulnerar las medidas de seguridad avanzadas de las empresas, provocando el retraso de la entrega de los recibos de luz e impedía el pago de los mismos a través de la página web de Air-e.
Con la llegada de Diago a Air-e se anunció la suspensión de la opción tarifaria del recibo de luz, sin embargo, realmente lo que hizo el agente interventor por orden del presidente Petro fue tomar el saldo de la deuda de este componente, al que le faltaban tres meses por terminar de pagarse, y se difirió a 10 años. Pasando de pagar un costo por este componente de cerca de 265 a 12 pesos.
Por otra parte, la Creg realizó en la capital del Atlántico una audiencia pública en cumplimiento de la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico como parte de las medidas cautelares que se tomaron luego que aceptaran el recurso de una acción popular instaurado por parte de los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha para exigir la eliminación del régimen tarifario.
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A los 33 días de intervenida la empresa Air-e, comenzó un nuevo capítulo para la compañía, con la designación de Edwin Palma como agente interventor, en reemplazo de Carlos Diago.
En los primeros días en su cargo, Palma dijo que se eliminaría el recaudo de la tasa de seguridad y convivencia, y del alumbrado público del recibo de luz a partir de diciembre con el fin de bajar los costos de la factura. El anuncio no fue bien recibido por el gobernador Verano y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Para los expertos, esto realmente no está disminuyendo el costo de la tarifa de energía, solo se está bajando el valor de la factura. Coincidieron en que no se está modificando los costos de los componentes que hacen parte de las tarifas de energía, como son generación, transmisión, distribución, opción tarifaria, pérdidas técnicas y no técnicas, y restricciones.
Lo que se requiere, aseguró Uparela, es que la Creg expida unas resoluciones para eliminar el régimen especial tarifario, “y se acabe con el 20% que le están colocando a la comercialización para que podamos quedar a la par del resto del país”.
La última visita de Petro
El pasado 12 de diciembre el presidente Gustavo Petro asistió a la Asamblea Popular por la Democratización Energética que se llevó a cabo en Barranquilla.
Durante su discurso, el mandatario justificó que la nación no asumiría la opción tarifaria porque, según él, los congresistas de la bancada Caribe hundieron la ley de financiamiento.
Además, reconoció que una resolución expedida semanas antes para establecer topes a los precios de energía en bolsa, con efecto inmediato, y favorecer a empresas como Air-e, no resultó como lo habían planteado.
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Por esta razón, con el fin de buscar una solución al costo de las tarifas anunció una nueva medida esta vez vía decreto, en el que busca limitar la venta en bolsa al 5 % a los generadores de energía.
También anunció $150 mil millones para que Air-e promueva la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de la gente más pobre.
Para el exministro Amylkar Acosta, son muchas las cumbres que se han llevado a cabo “sin que se concrete una medida que se traduzca en alivio tarifario”.
Acosta también agregó que “se cerró el 2024 con el anuncio por parte de Air-e de un incremento de la tarifa de energía en diciembre para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira del 6 %. Mucho tilín tilín y nada de paletas”.
De los últimos 30 años, el 2024 cerró con las tarifas más altas
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), advirtió que el 2024 se cerró con las tarifas más altas de los últimos 30 años en el país.
Ante esta situación, la agremiación liderada por Sandra Fonseca instó a las autoridades competentes a contar con una política “clara y realizable, y un conocimiento profundo del marco legal y regulatorio que permita una gestión efectiva del mismo”.
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El sector energético del país prevé que en el 2025 el balance sea más estrecho, llegando incluso a un preocupante 2,5 % de margen. Si bien la expectativa relacionada con la entrada de nuevos proyectos es buena, la energía firme no es alta ya que la mayoría de la energía que se espera que entre en operación corresponde a proyectos solares, los cuales son intermitentes y no garantizan un alto nivel de energía firme.
Esperan además que la Creg opere con normalidad y analice los proyectos normativos que incorporen la visión de largo plazo y sean atendidas las preocupaciones del sector.
