La visita del presidente Gustavo Petro el pasado jueves a Barranquilla para presidir la Asamblea Popular por la Democratización de la Energía no llenó la expectativa de quienes esperaban el anuncio por parte del mandatario de una solución para bajar las tarifas de energía a los usuarios del Caribe.
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Por el contrario, en su discurso, el presidente sembró más incertidumbre sobre el futuro de una posible solución que aqueja a los habitantes de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira por los altos costos que pagan en su servicio de energía a la empresa Air-e Intervenida.
Luego de largas horas de espera, el mandatario inició su discurso lamentando el fracaso de la ley de financiamiento y las consecuencias que esto le traería al país, en especial a la región Caribe.
En ese sentido, hacía referencia a que, por causa de este fracaso, la nación no podría asumir los saldos de la opción tarifaria como una deuda pública.
También habló sobre “la trampa” en que cayó con la expedición de una resolución a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en la que se establecían unos topes para limitar el precio de energía en bolsa, pero que no puede aplicarse de manera inmediata, como se esperaba, porque la misma resolución establece que solo se podrá aplicar a las empresas generadoras a partir del 2028.
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Según el mandatario de los colombianos, ante este tropiezo que tuvo con el intento de disminuir el precio de la energía en bolsa para beneficiar a los usuarios, tomará otras acciones para lograrlo.
Por esta razón, en medio del discurso, le ordenó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, expedir un decreto para limitar la venta de energía en bolsa al 5% y no al 20% como se lo permite la ley. Según el mandatario, esto solo estaría dirigido a las diez más grandes empresas generadoras de energía del país.
“Ministro, es su responsabilidad; nos van a caer rayos y centellas, pero debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica de Colombia para los diez más grandes generadores, no vamos a fregar a los pequeños, ahí no está el problema. El problema está en los diez más grandes, la mayoría dueños de embalses, del agua de Colombia, enriqueciéndose con ella y transfiriendo recursos al exterior a manos llenas porque la plata que ustedes pagan en las tarifas se va es a inversión a Centroamérica, España, Italia, o a Estados Unidos, afirmó.
Según el presidente, esta situación afecta mayormente a los habitantes del Caribe. “Porque sus distribuidoras, entre esas Air-e, le venden es en bolsas, no en contrato. Le venden a través de una cadena de intermediarios que le llaman comercializadores, que muchos pertenecen a políticos que son los que votaron en contra de bajar las tarifas eléctricas o a sus amigos, y esa investigación, ministro, la necesito para ya”, indicó.
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¿Qué dicen los expertos?
En Colombia, aproximadamente el 80% de la energía se vende mediante contratos de largo plazo, mientras que el 20% se negocia en la bolsa de energía. Este porcentaje en bolsa permite gestionar excedentes y faltantes que no se pueden comprometer en contratos debido a la incertidumbre inherente a los recursos naturales.
El Heraldo consultó a varios expertos y representantes de las asociaciones de las empresas generadoras de energías para conocer si la anunciada medida realmente impactaría en las facturas de energía y si el jefe de Estado tendría facultades para hacerlo.
Al respecto, el experto en temas energéticos, César Uparela, sostuvo que lo que pretende hacer el presidente con expedir este decreto que le ordenó al ministro de Minas no es posible hacerlo.
“No es posible jurídicamente hablando porque hay una resolución de la Creg que permite que los generadores puedan vender el 20% en bolsa y hasta el 80% en contratos bilaterales a largo plazo entre el generador y el comercializador. Él lo podría hacer, pero obviamente que está violando la Constitución, está violando las leyes, está violando la resolución emitida por la Creg que tiene fuerza de ley y por lo tanto no se puede a través de un decreto reglamentarlo de otra manera”.
Para Uparela, las implicaciones que tendría es que los generadores demanden ese posible decreto que se expida.
Lo ideal, señaló, es que los generadores demuestren cuáles son sus costos de generación, para que con base en eso se saque una media para establecer el porcentaje que ellos deben vender en bolsa y el porcentaje que deben venderle a los comercializadores.
A su turno, el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que frente al anuncio del Gobierno, de limitar hasta el 5% la exposición en bolsa por parte de las empresas comercializadoras y solo hasta ese porcentaje ofertarla por parte de los generadores, aseguró que no será posible porque no está en manos del mandatario.
“Esto sería violatorio de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que le da dicha competencia a la Creg y ésta, según la misma Ley, es autónoma. Ni el Gobierno le puede impartir instrucciones ni ella está obligada a acatar sus órdenes”.
Adicionalmente, tampoco es viable, porque lo que no hay es energía, aseguró Acosta, debido al atraso en la ejecución de los proyectos tanto de generación como de transmisión, “que tiene en el más alto estado de stress al Sistema interconectado nacional (SIN)”, a tal punto que mientras la demanda de energía está en el orden de los 230 GWHD, la Oferta de Energía en Firme (OEF) a duras penas llega a los 245 GWHD, explicó el experto.
Reacciones de generadores
Para el gremio del sector energético, limitar al 5% la venta de energía en bolsa a los generadores de energía a través de un decreto no es posible porque el mandatario no tiene funciones regulatorias, esto solo lo podría hacer la Creg.
De ese modo, como lo explica el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, desde el punto de vista legal, el presidente Petro no puede hacer estos cambios, porque ya el Consejo de Estado le dijo que él no podía tener funciones regulatorias.
Desde el punto de vista técnico, señaló que no se podría porque no hay suficiente energía para vender por el atraso en la entrada de nuevos proyectos de generación.
“Yo puedo decir que mañana se vende el 5% en bolsa únicamente, pero es que energía en contratos no hay. Todo el mundo quisiera tener contratos porque hay estabilidad en el precio y no estás expuesto a la bolsa. El problema es que no hay oferta porque no han entrado proyectos, porque no tenemos la suficiente oferta desde el punto de vista contractual para decirte que estamos boyantes en contratos para poder atender a todo el mundo. Precisamente hay escasez de contratos porque no ha entrado mucha generación en los últimos años”, sostuvo el presidente de Andeg.
Reiteró que en los últimos dos años solo ha entrado el 25% de los proyectos que se esperaban. La mayor parte de los problemas que han tenido es en relación con las comunidades, por seguridad, licencias ambientales y dificultades de conexión, entre otros.
Por su parte, Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), afirmó que, dentro del marco legal vigente, es totalmente factible ajustar las fórmulas tarifarias de la energía eléctrica. Explicó que tanto el Costo Unitario (CU) como sus componentes de reconocimiento de costos ya superan los cinco años, que es el período tarifario establecido, por lo que es posible actualizarlos con una nueva fórmula que contemple la eficiencia exigida por la ley, excluya las pérdidas no técnicas y ajuste los índices de actualización correspondientes.
Asimismo, mencionó que en los costos de generación, la regulación debe reconocer aquellos derivados de la bolsa y los contratos, siempre que sean eficientes.
Fue enfática al señalar que el mercado puede ajustarse en cualquier momento si se ejerce el deber regulatorio, el cual lleva años fuera de tiempo y afecta los intereses de la demanda. “El discurso repetido ya suena a excusa”, puntualizó.
