No se guardó nada. Aunque solo estuvo 43 días al frente de la intervención de la empresa Air-e, Carlos Diago es tajante al sostener que la situación actual es crítica y que se requieren acciones inmediatas para garantizar la prestación del servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
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En diálogo con EL HERALDO, Diago explicó detalles alrededor de medidas como la suspensión del cobro de la opción tarifaria, así como anunció que estará vigilante del actuar de Edwin Palma como nuevo interventor.
Tras su periodo como agente de interventor, ¿cuál es su diagnóstico de Air-e?
El estado actual de la empresa Air-e es crítico en materia financiera. Existen deudas muy altas con proveedores y contratistas que dificultan operacionalizar la gestión, de manera que no hay suficientes materiales en los almacenes, no hay suficientes contratistas disponibles para hacer los mantenimientos, atender los daños y lo más grave de todo es que no hay suficiente cobertura en materia de contratación de energía.
Hay una exposición a bolsa del orden del 50 % y a pesar de las gestiones que se hicieron ante los generadores, no hubo de parte del Gobierno nacional la disposición de aportar las garantías que se requieren para hacer unos contratos de energía bastante costosos.
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Es una práctica que dejó a la empresa, al menos en mi administración, expuesta a la bolsa, y el precio de la energía en la bolsa pasó de los mil pesos. Eso haría que la tarifa rebote hacia arriba nuevamente. Yo la dejé en 855 pesos por kilovatio hora y la tarifa pudiese llegar a rebotar por encima de los mil pesos en el mes de noviembre.
Frente a este panorama, ¿cuáles fueron las acciones que se implementaron para lograr la reducción de las tarifas?
Cuando iniciamos el proceso de negociación y nos plantearon la posibilidad de negociar la compra de energía fue que aconteció el suceso del doctor Dagoberto Quiroga. La Superservicios es la entidad que por ley maneja el llamado Fondo Empresarial, que se nutre de recursos que gira el Ministerio de Hacienda.
Hubo una interinidad larga, que duró al menos dos o tres semanas, porque empezó en los primeros días de octubre y finalizó con el relevo del doctor Dagoberto y a renglón seguido se presentó la cesación de mis servicios y la entrada de un nuevo agente interventor.
En esas condiciones se advirtió mucho, pero no hubo una respuesta por cuanto el propio superintendente Dagoberto Quiroga estaba maniatado, en razón de su interinidad. Había incertidumbre si se le iba a aceptar o no la renuncia, como finalmente aconteció.
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Otro aspecto importante tiene que ver con la facturación de los estratos bajos, que tienen unos subsidios importantes y ahí había una traba regulatoria que impedía que la rebaja de la opción tarifaria de 250 pesos fuese efectiva para estos estratos.
A pesar de que oficiamos a la misma Presidencia de la República, a la misma Creg, e incluso envié funcionarios, la Creg nunca resolvió, argumentando falta de quórum. No sabría yo si eso fue real o no. En todo caso nos dejaron a la deriva con relación a algo tan importante como la facturación del 80 % de nuestros usuarios.
Logramos facturar el 20 % de los usuarios, que son los estratos medio y alto, así como los usuarios industriales y comerciales; no pudimos facturar, al menos durante mi administración, y no sabría si en este fin de semana se dio la facturación de octubre, ya en noviembre.
Entonces esto hace que se acumulen dos facturas, lo cual trae traumatismos en los recaudos, pero parece que fueron situaciones inadvertidas para el señor presidente.
Puntualmente, ¿con la opción tarifaria se suspendió el cobro o se difirió a 10 años?
La afirmación de haberse diferido a 10 años es tendenciosa. Simplemente el propósito era pasarla de 265 pesos en septiembre a 12 pesos en octubre. La rebaja de la opción tarifaria fue de 253 pesos, exactamente.
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Hay una resolución de la Creg que no puedo obviar, por lo que había que cobrar un mínimo por un par de meses hasta que, en el mes de enero, con el nuevo presupuesto, se le hiciese exigible al señor presidente su compromiso de que la Nación iba a asumir la opción tarifaria.
La información tendenciosa fue que yo había diferido a 10 años, que iban a haber intereses. Eso sería una catástrofe para los usuarios. Hubo un vacío muy extraño de memoria, porque en mayo salió la noticia de que el presidente iba a asumir la opción tarifaria.
En septiembre yo anuncié eso, con el respaldo de que no iba a ser a 10 años. Hubo una información maliciosa, pretendiendo perjudicarme y eso no es correcto. Yo actué en cumplimiento de un mandato, de un compromiso del presidente Gustavo Petro, por lo que a quien hay que pedirle cuentas es al presidente.
Cuando usted realizó la suspensión del cobro de la opción tarifaria, ¿cuál fue la hoja de ruta para llegar a la decisión?
Esa decisión correspondió a una instrucción. Yo tuve una conversación de una hora con el presidente Gustavo Petro y me dijo que buscara la manera de reducir la tarifa. Yo busqué la manera y encontré ese compromiso que se había hecho desde mayo.
Revisé el tema y dije que la reducción de la tarifa que se va a producir es por encima del 20 %. Yo simplemente actué como agente especial, con base en una convicción personal, por cuanto es mi atribución.
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Actué como un agente especial que no tiene juntas directivas y digamos que actué a nombre y representación del presidente de la República. Simplemente hice uso de esa atribución.
¿Eso fue lo mismo que sucedió con la suspensión del cobro a terceros?
Exactamente lo mismo, porque yo venía trabajando y seguiré trabajando con el Comité Atlántico de Servicios Públicos, desde donde se ha establecido que los cobros de tasas e impuestos junto con el recibo de luz son anticonstitucionales.
Eso nadie me lo ha podido rebatir. Me sacaron que era una decisión contraria a la ley porque hay unas ordenanzas de la Asamblea, hay unos acuerdos de Concejo, hay unos acápites de la ley 142, pero olvidan mencionar que desde el año 2023 hay una sentencia de la Corte Constitucional que sienta jurisprudencia en el sentido de que el servicio de energía es un derecho fundamental conexo al derecho de la vida.
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Eso hace que en el recibo de la energía no se puedan cargar arandelas, ni impuestos, ni cosas que se le ocurran al alcalde, ni al gobernador, ni a la Asamblea, ni al Concejo. No me dejaron llegar al primero de noviembre, porque créanme que sí lo hubiera aplicado, y por la derecha.
Les di 30 días para que se hicieran acuerdos y se pusieron fue a discutir, cuando eso es anticonstitucional. La Constitución es la norma de normas y está por encima de leyes habidas y por haber, incluyendo ordenanzas de la Asamblea, acuerdos del Concejo.
Ahora nos siguen gravando a los usuarios con ese tema y yo seguiré en esta batalla en defensa de los usuarios. Si el Ministerio decide que se puede pagar de manera opcional, nos damos por satisfechos.
¿En algún momento sintió que lo dejaron solo desde el Gobierno en este proceso?
Siempre tuve el acompañamiento irrestricto del doctor Dagoberto Quiroga. En el momento en que se empieza a mover, de personas cercanas a la Presidencia de la República, el tema de la remoción de Dagoberto, era claro que su salida involucraba mi salida.
Dagoberto le dejó en el escritorio del presidente Petro, desde el mismo día de su posesión, una carta de renuncia con fecha abierta. Esa carta de renuncia con fecha abierta fue abusivamente tomada y expuesta a la opinión pública para colocar al presidente en la disyuntiva de tener que remover a Dagoberto.
Con el nombramiento de un nuevo Superintendente de Servicios, el cual es una persona muy correcta, se me hizo entrega de la resolución firmada por el director nacional de Planeación, Alexander López, en la cual se designaba al nuevo agente especial y se me removía del cargo. Eso ocurrió el día 25 de octubre, así que lo que alcancé a durar fueron 43 días.
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El tema aquí es que entre la Presidencia y el anterior dueño, al parecer, existe –de acuerdo con lo que han dicho medios de comunicación, no lo digo yo para que no me acusen de calumnia– un acuerdo para devolverle la empresa al señor Alberto Ríos y entonces eso involucraba sacar del medio a Diago.
Es una información que no ha sido desmentida, por cierto, y el que calla, otorga.
¿Qué se pudo conocer sobre el hackeo al sistema informático de Air-e?
Yo vinculé al presidente actual del capítulo Atlántico de Aciem, esa no es ninguna incompatibilidad, porque es un experto en tecnología. También vinculé en la oficina de control interno a un especialista en auditoría de sistemas y digamos que ellos iban tras la pista del hackeo, pero ya los sacaron.
Los apartaron de la gestión, así como apartaron al director administrativo, al director financiero y la excusa era que ganaban mucha plata, que ganaban 85 millones, lo cual es totalmente falso. Ellos ganan $32 millones que es un sueldo concordante con lo que pagan empresas similares como Afinia, Gecelca, Urrá y Transelca.
Se inventaron que se ganaban 85 millones, cuando ese fue un caso puntual que dejó Alberto Ríos. Un caso puntual de un funcionario muy capaz, pero estaba en el proceso de conformación de la nueva estructura organizacional. A mí no me alcanzaron a autorizar una nueva estructura organizacional dentro de la cual tenía cabida este funcionario previa rebaja de su salario, pero todo esto es una cuestión mediática.
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Tanto así que transcurridas dos semanas el nuevo agente interventor no ha tenido tiempo para llamarme, para dialogar conmigo y tomar de primera mano la información. En cambio retira mi personal de confianza y además toma informaciones fragmentarias, la acomoda.
Yo soy un técnico que no estoy en este plan de los contrapunteos a través de medios. Simplemente digo la verdad. De aquí en adelante estaré muy vigilante de que Air-e no tome un mal rumbo.
En su rol de experto, ¿cuál debe ser el camino a seguir en la intervención de Air-e?
En este proceso de intervención de Air-e lo primero es remover a la persona que no conoce el sector eléctrico. Es un punto fundamental. Un barco puede ser muy moderno, pero si no tiene un capitán capacitado, no le irá bien.
Este señor no está capacitado, me da pena, pero no lo está. Él ha desconocido mi conocimiento, él desconoció mi organización, ha dicho que yo tenía burocracia y una cantidad de cosas, pues ya yo no tengo porqué quedarme callado ni seguir otorgando cosas.
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Estuvo de acuerdo con postergar el retiro de los cobros de terceros del servicio de energía, complaciendo al alcalde y al gobernador; entonces, yo creo que las cosas están claramente planteadas y Diago no cambia su posición porque es una convicción en defensa de los usuarios.
Por último, ¿usted cree que exista algún riesgo de que Air-e sea liquidada?
El objetivo es llevarla a liquidación para volvérsela a entregar a su dueño, que es el señor Alberto Ríos, para que siga pues con las prácticas con las que venían. Digamos que hay racionamientos programados disfrazados de mantenimiento y violaciones del debido proceso, que se suma a lo que fue el cobro acelerado de la opción tarifaria, el cobro por anticipado de las inversiones que nunca se hicieron en la red de distribución.
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La empresa se entregó sin sistemas comerciales, ni operativos, ni de gestión; sin embargo, pues no veo que haya encaminado ningún proceso en este sentido. Yo me baso solamente en lo que dicen los medios de comunicación, no estoy haciendo ningún señalamiento, que se entienda muy bien, simplemente estaré vigilante yo como usuario y que represento también a un comité de usuarios, a una asociación que se llama Aciem.
Creo que estoy en mi legítimo derecho de ejercer una oposición, pero se me ha prohibido el acceso, yo no puedo ni siquiera llegar a consultar a un funcionario porque soy Carlos Diago.
