La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, admitió la demanda contra el cobro de valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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El anuncio fue hecho por el senador Mauricio Gómez, quien lidera la acción judicial, en el marco del conversatorio ‘Análisis del cobro de valorización y su impacto en Atlántico y Bolívar’.
“Es la primera demanda que admiten. El senador Luna presentó una demanda, pero la inadmitieron. Le pido a Camacol, a los gremios, a los senadores que están aquí, que nos unamos todos alrededor de esta demanda y logremos sacarla adelante”, expuso el congresista liberal.
Tras el anuncio, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar aseguraron que coadyuvarán la mencionada demanda.
Asimismo, desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también se anunció respaldo a este proceso que busca que se declare la inexequibilidad parcial del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro.
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En la demanda se sustenta que dicho artículo conlleva a la violación de varios principios constitucionales, entre ellos, la irretroactividad de los tributos, la buena fe y confianza legítima de los ciudadanos, así como el principio de unidad de materia de la ley.
Visiones de los sectores
Jorge Segebre, presidente de junta directiva de Camacol Atlántico, aseguró que el Gobierno no puede seguir tomando decisiones “improvisadas”, que ponen en riesgo a la ciudadanía.
“Es una situación que nos atañe al Caribe colombiano. La posible implementación de una nueva valorización es improcedente e ilegal en este momento. Es una medida que afectará a constructores, desarrolladores, propietarios y usuarios finales”, sostuvo el líder gremial.
A su turno, el senador conservador Efraín Cepeda –encargado de la instalación del conversatorio– expresó su rechazo a dicho proceso debido a que impacta negativamente el desarrollo de la región Caribe.
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“Es inaudito que después de soportar el impacto de las alzas del costo de la energía eléctrica, ahora se pretenda cobrar una valorización sobre una vía que se comenzó a construir hace 40 años”, sostuvo el presidente de Congreso de la República durante la instalación del evento organizado por Camacol y EL HERALDO.
Recalcó que el cobro de valorización pretende recaudar 2.4 billones de pesos, impactando a más de 140 mil personas jurídicas y naturales ubicadas en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
“Este monto supera tanto la inversión regional asignada en el presupuesto para el departamento del Atlántico, así como supera el recaudo de renta que la Dian obtiene en cualquiera de los dos departamentos durante un año”, dijo.
Cepeda también enfatizó que “lastimosamente estamos pagando los platos rotos, de manera descarada, del bajo recaudo y la ineficiencia en inversión del Gobierno”.
Puso de presente que, a corte de septiembre, el recaudo ha estado por debajo del 8 % con relación al año anterior: “Se estimaba que se debían recaudar 240 billones de pesos y solo han entrado 207 billones de pesos. Ese es el resultado, precisamente, del desprecio que se tiene en el Gobierno central para el sector privado”.
Mientras que la ejecución presupuestal la calificó como “desastrosa”, teniendo en cuenta que en lo corrido del año se ha ejecutado solo el 56 % hasta el mes de septiembre, cuando ya debía estar ejecutado el 75 %.
Por último, Cepeda indicó que el cobro de valorización se suma a los otros “golpes” que el Gobierno ha dado a la región.
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“Las tarifas exorbitantes de energía eléctrica, el recorte presupuestal al departamento del Atlántico para el año 25 del 32 %, la pérdida de los Juegos Panamericanos y ahora se quieren llevar la sede de la selección colombiana. ¿Cuál es el siguiente golpe que vamos a recibir en el Caribe colombiano? Tenemos que unirnos para evitar estas afrentas y otras más que seguramente tendrán calculadas del Gobierno central”, puntualizó.
Las acciones judiciales que están en curso contra el proceso
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, indicó que son varios los procesos judiciales que se llevan a cabo contra el cobro de valorización en el eje vial Barranquilla – Cartagena – Circunvalar de la Prosperidad.
Puso de presente que se han presentado cinco demandas ante el Consejo de Estado, dos ante la Corte Constitucional –una de las cuales fue inadmitida– y una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Entre el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar interpusimos ante el Consejo de Estado una acción de nulidad, también con medidas cautelares; cuenta con un estudio jurídico juicioso, muy fundamentado en el que se exponen los vicios de nulidad contundentes”, expuso el líder gremial.
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Al respecto, el senador Carlos Meisel, quien lidera la acción popular, expuso que es necesaria la unión de todos los sectores del Caribe para frenar el cobro de valorización.
“Desde el primer momento he respaldado los otros procesos que se han adelantado contra el cobro de valorización. Hay que respaldar todos los procesos porque son ante receptores distintos y no sabemos cuál es el que nos puede darnos una luz en esto”, dijo el congresista del Centro Democrático.
