Debido a las presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Soledad y la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente (Eduoccidente), ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada una solicitud de suspensión a la alcaldesa Alcira Sandoval.
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Dicha petición corresponde a una queja de carácter disciplinario presentada por el concejal Bryan Orozco y el veedor ciudadano Federman Vizcaíno, teniendo en cuenta que 'a pesar de existir una expresa prohibición legal para celebrar contratos de obra a través de convenios interadministrativos con empresas de economía mixta, así lo hicieron'.
De acuerdo con lo expresado por Orozco y Vizcaíno en el documento presentado al Ministerio Público, dicha gestión se habría adelantado 'con la inequívoca voluntad de defraudar el ordenamiento jurídico y en especial, las normas y principios que regulan la contratación estatal'.
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Asimismo, expusieron que 'todas las acciones ejecutadas por los querellados no tuvieron finalidad distinta a la de eludir la obligación de adelantar la respectiva licitación pública para la selección del contratista y así poder adjudicar el contrato de manera directa a una empresa creada hace apenas 8 meses, sin experiencia acreditada en la ejecución de obras de infraestructura y sin la capacidad financiera para ejecutar el objeto contratado'.
También indicaron que durante el proceso contractual 'no se advierte ninguna gestión o procedimiento que garantizara la concurrencia plural de oferentes', así como en el estudio previo no existen fundamentos 'facticos y jurídicos serios' que justifiquen la selección de dicha empresa.
