Luego de presentar una oferta por el orden de $2.782.754.253.672, la firma Sacyr se quedó con la licitación de la APP del Canal del Dique al finalizar la audiencia de adjudicación que se desarrolló la sede de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en Bogotá.
De acuerdo con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, la adjudicación del proyecto se da tras el 'cumplimiento' del compromiso adoptado por el Gobierno nacional de escuchar a las comunidades que serán impactadas.
'La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto', sostuvo el funcionario.
Reyes fue enfático al sostener que la adjudicación de la APP conlleva a saldar una 'deuda histórica' con la región puesto que 'además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones'.
Las socializaciones
Alrededor de 250 mesas de trabajo y 16 procesos de consulta previa se adelantaron en el marco de la socialización con las comunidades. Esta fase contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
'El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones', aseguró el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo.
Desde el pasado mes de agosto, con el inicio del mandato de Gustavo Petro, alrededor de 20 mesas de diálogo se han desarrollado con comunidades y líderes regionales, donde se ha contado con la participación de cerca de mil personas.
Dichos espacios iniciaron el 8 de septiembre en Santa Lucía, en el marco del desarrollo de una audiencia pública de la comisión accidental conformada por el Congreso para hacer seguimiento al proceso. Posteriormente se cumplieron en Suan, Cartagena y San Onofre (Sucre).
Otras reuniones se desarrollaron en Campo de la Cruz, Casa de la Cultura de Repelón, Candelaria, Carreto, Manatí, Luruaco y Sabanalarga (Atlántico), así como San Estanislao, San Cristóbal, Tierra Bomba, Caño del Oro, Calamar y Punta Arena, en el departamento de Bolívar.
Los antecedentes
El proceso para la adjudicación de la APP del Dique estuvo suspendido por cerca de dos meses debido a una tutela interpuesta por el consejo comunitario de Hatoviejo (Bolívar) que desató un conflicto de competencias entre dos juzgados.
Al final, el proceso pudo reiniciarse tras un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Transporte y las comunidades étnicas para adelantar las correspondientes socializaciones de la megaobra.
Es de anotar, además, que el actual Gobierno indicó que será necesario que el proyecto cuente con licencia ambiental para su desarrollo, a pesar de que en el pliego inicial no se contemplaba esta instrumento.
Según conocedores, dicho trámite podría extenderse por un periodo de 9 meses ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Otros detalles
La APP del Canal del Dique es un proyecto estructurado conjuntamente por la ANI, el Fondo Adaptación y Cormagdalena, con el liderazgo del Ministerio de Transporte.
Desde lo técnico, el proyecto contó con estudios y diseños definitivos a Fase III aportados por el Fondo Adaptación y elaborados por empresas del más alto nivel y reconocida experiencia internacional: Royal HaskoningDHV y Gómez Cajiao.
También se contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y la estructuración jurídica, financiera y de riesgos de Bonus Banca de Inversión, mientras que Gómez Cajiao adelantó el componente técnico.
