De acuerdo con el Ministerio Público, el exfuncionario habría permitido que entre 2010 y 2011 se reflejara un incremento irregular en su salario y en el de seis empleados más de la Universidad Popular del Cesar.
La Universidad Popular del Cesar firmó contratos por prestación de servicios por más de 2.500 millones de pesos, pero no ha reintegrado a 22 trabajadores.
El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó el reintegro de 22 funcionarios. La justicia ya falló la primera acción de repetición contra un exrector.