El caso, detenido desde el 3 de octubre, no se reactivaría este jueves sino hasta el próximo 4 de febrero.
El caso tiene que ver con irregularidades en la licitación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.
Lo que hay detrás de la suspensión de la demanda de la compañía británica por $117 mil contra la Cancillería.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado explicó que la decisión del canciller Leyva, en su momento, se ajustó a la ley debido a que se encontraron “varias irregularidades en la licitación de los pasaportes”.
El 2 de octubre se vence el contrato de Thomas Greg & Sons, pero la Cancillería le habría propuesto seguir; no obstante, esta semana se conocerá el nuevo socio internacional. La Procuraduría vigila el proceso.