El grupo islamista advirtió que este acto violento pone en riesgo a los rehenes.
Estas personas fueron entregadas a una comisión humanitaria conformada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.
Las denuncias responden a la retención de habitantes por parte de integrantes de grupos armados.
Entre los retenidos se encontraba un firmante de paz con discapacidad auditiva, quien permaneció privado de la libertad desde el pasado 6 de enero.
El partido político exigió la liberación inmediata de los colombianos que han sido raptados por el grupo armado.