La multa fue hecha a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, tras detectar múltiples fallas en las máquinas dispensadoras de alimentos de dicha empresa.
La Jurisdicción Disciplinaria calificó el caso como una muestra de revictimización y violencia sicológica inaceptable.
La Procuraduría fue enfática en aclarar que el exfuncionario no tenía competencia para ello.
Pese a los anuncios de millonarias obras en la zona sus pobladores lo que reclaman y exigen es el cierre de Cara’ e gato.
La entidad les impuso una sanción por $142.350.000, pues identificó que el máximo poder de decisión en la estructura corporativa lo tuvieron esas personas naturales y no las sociedades intermediarias que se utilizaron.