En los inmuebles rurales de 86 hectáreas, situados en Supía, Caldas, se realizaban fiestas de allegados al capo.
Los 15 inmuebles avaluados en más de $2.800 millones eran de un policía de control en los puertos del Caribe.
El bien ocupado, que está avaluado en 251 millones de pesos, fue dejado para su administración a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Los afectados llevan mas de una década luchando por el pago.
El ex viceministro del Interior ya no será el nuevo jefe de la Sociedad de Activos Especiales.