Dispuso la suspensión del contrato de 5,8 millones de dólares con Covington & Burling LLP y anuncia acciones legales.
El órgano de control solicitó relación de los pagos efectuados a la fecha con sus respectivos soportes.
De acuerdo con la comunicación, los trabajadores mencionados, incluido el presidente de la compañía, Ricardo Roa, habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física. Al parecer, la instrucción fue dada por el mismo Roa.
Una trama de espionaje, renuncias en la junta directiva, pesquisas de la Procuraduría y la posible salida del presidente de la petrolera rodean el caso.
Ante los rumores de su posible salida de la estatal petrolera, el timonel de la compañía sostuvo que son especulaciones y que no existe ningún “enroque” con el ministro de Minas, Edwin Palma.