El mandatario insinuó que el magistrado Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se ha opuesto al proyecto de ley oficialista.
Los cambios modificaban la estructura de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y del Registro Único de Afiliados (RUAP).
Puntos como el pilar semicontributivo, el umbral de 2,3 salarios mínimos y el uso del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), son varios de los riesgos que señala este centro de pensamiento.
Aunque el trámite ya concluyó, ahora el Congreso debe remitir un informe a la Corte Constitucional explicando cómo se subsanó el vicio de procedimiento. El alto tribunal debe dar un veredicto.
La Corte Constitucional devolvió el articulado a la corporación con el objetivo de que subsanen vicios de trámite.