Casi cuatro años después de la entrada en operación del puente Alberto Pumarejo, para el que el Invías destinó más de $800 mil millones, entre el valor de la obra e interventoría, resulta insólito que aún no se haya desmontado la antigua estructura, convertida literalmente en un obstáculo para cumplir con uno de los propósitos centrales del proyecto. Nada distinto a potenciar la circulación de embarcaciones con gran capacidad de carga para dinamizar la navegabilidad por el río Magdalena. Otro asunto crucial que no está del todo resuelto. Vale recordar que la plata asegurada para el dragado se acaba el 3 de octubre y podría volver Cristo a padecer.
Carlos Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor, aseguró a EL HERALDO que se hizo una advertencia a Invías para que se adopten las medidas pertinentes para su intervención.
La Contraloría reportó un presunto detrimento patrimonial por $1.008 millones, correspondiente al proceso de defensa realizado por el Invías en un tribunal de arbitramento.
La Contraloría indicó que se gastaron $1.008 millones para resolver diferencias con contratista en tribunal de arbitramento, en contravía con directiva presidencial.
50 familias que residen en la Isla Pensilvania hacen un llamado a las autoridades. Cormagdalena aseguró que la navegabilidad en el canal de acceso está estable.