Con esta acción el Ministerio Público ratifica su compromiso con las comunidades y la preservación del Medio Ambiente.
El Ministerio Público advierte que esto pone en riesgo el acceso a derechos fundamentales, el reconocimiento jurídico y la participación.
La solicitud del ente de control disciplinario surgió por las inconformidades expresadas por las comunidades con respecto al proceso.
Desde 2021 esta comunidad ancestral no ha podido acceder a beneficios esenciales debido a las diferencias internas y falta de gobernanza.
El Ministerio Público estableció que hubo incumplimiento en la contratación interadministrativa.