Los concejales habrían incurrido en falta grave a título de culpa gravísima.
El proyecto se encuentra en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.
Margarita Cabello señala que es por el cierre de pasos fronterizos por donde ingresaban migrantes irregulares a Panamá.
'No hubo un adecuado manejo de la información y tampoco existe claridad en el inventario ni un plan de importación', señala.
La solicitud, hecha ante la JEP, busca “evitar vulneraciones y proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad” de las cuatro comunidades indígenas que habitan en ella.