El fallo, considerado un avance en la lucha contra la impunidad, ordena cárcel y reparación a víctimas por parte de los antiguos ejecutivos de la multinacional bananera.
Junto a esas personas fueron sentenciadas por el mismo delito otras ocho a 10 años de cárcel, quienes, según la Fiscalía ecuatoriana, formaban una red dedicada al narcotráfico.
El hombre habría hecho parte de un grupo armado que atacó a las víctimas cuando se encontraban en estado de indefensión en un establecimiento comercial.
La Fiscalía estableció que el privado de la libertad hizo las veces de piloto del vehículo en el que se perpetró el atentado.
Presuntamente, los procesados realizaron un contrato por cerca de los $100 millones, con irregularidades.