De acuerdo con la Procuraduría, el exgobernador de Antioquia habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo para la administración de los recursos, cuando lo pertinente era convocatoria de una licitación pública.
El Ministerio Público reprochó al congresista la posible infracción al principio de moralidad al atribuir a los uniformados el delito de tortura.
Los exalcaldes son investigados por el aparente atraso presentado en las distintas etapas de la obra.
La Supersociedades manifestó que hubo una presunta infracción al régimen de matrices y subordinadas, al no haber revelado en el registro mercantil las situaciones de control.
Según el Ministerio Público, Aury Socorro Guerrero Bowie suscribió un convenio con una entidad que, al parecer, no tenía la idoneidad para ejecutarlo.