La directiva ordena inspecciones a instalaciones y equipos de los prestadores de salud, con el fin de evaluar su operatividad y condiciones de servicio.
El Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes, adoptar las medidas necesarias que permitan proteger los derechos de los usuarios y garantizar que los aumentos tarifarios no afecten de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
Así lo revelaron las cifras del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
Portada de EL HERALDO del miércoles 29 de enero.
El Ministerio Público pidió atender las recomendaciones de la Misión de Descentralización.