La Fiscalía venezolana solicitó la captura de González por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las presidenciales.
El Gobierno entabló con la organización criminal una conversación sociojurídica encaminada a lograr un sometimiento a la justicia.
El alto comisionado para la Paz aseguró que la negativa se da debido a que el jefe de la Segunda Marquetalia “está pedido en extradición”.
La Policía Nacional ubicó a Cristóbal Fernández Viamonte, máximo cabecilla de una organización criminal dedicada a captar mujeres en distintas ciudades del país con fines de explotación sexual.
El proceso fue trasladado a la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.