La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla.
La decisión de Supersociedades abre nuevos interrogantes sobre el futuro de la empresa, el más inquietante es la renovación de la licencia de la Ofac en junio.
El ente de control argumentó la decisión por, entre otras cosas, la falta de claridad en la documentación presentada.
A través de un comunicado, los trabajadores pidieron a las autoridades mostrar coherencia con la toma de decisiones relacionadas con la compañía venezolana con sede en Barranquilla.
El informe de Colombia Risk Analysis indicó que la compañía fue catalogada como un caso de “capital corrosivo”, es decir, una transacción que debilita la transparencia institucional.