Las investigaciones revelaron que ellos amordazaban, amarraban y amenazaban a los empleados de las fincas para evitar intervención en su plan criminal.
Se conoció que el aprehendido aceptó haberle robado y vendido la motocicleta a la víctima, pero dijo no tener participación en su crimen.
También fueron declarados responsables del desplazamiento masivo de una comunidad en el municipio de San José de Uré.
La víctima ya había recibido amenazas de muerte en 2019.
El alcalde Pedro Velandia ofreció una recompensa de $13 millones que permita información sobre los responsables del hecho.