Tras una investigación internacional que revela que Colombia pierde más de $130 billones anuales por evasión de impuestos, el presidente insiste en una ley de financiamiento que reduzca la presión sobre la clase media y obligue a los más acaudalados a cumplir con sus obligaciones fiscales.
El jefe de Estado dijo además que el proyecto de la renta pública para el año entrante solo sería viable si el Congreso aprueba una ley de financiamiento.
El mandatario hizo referencia así a la segunda reforma tributaria presentada por su Gobierno y hundida el año pasado por el Congreso, que ya le había aprobado una en 2022.
El jefe de cartera, Edwin Palma, anunció que se va a apoyar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el saneamiento financiero de la empresa.
El presidente de la República responsabilizó a “los parlamentarios uribistas, junto con los conservadores de Cepeda”.