La situación de la economía, la grave alteración del orden público y la creciente desaprobación de su gestión atentan contra la posibilidad de que el presidente ponga sustituto en el 2026.
Más allá de las sanciones penales que se deriven de los escándalos de su gobierno, la responsabilidad política de Gustavo Petro en los hechos denunciados es ineludible e intransferible.
Quiénes quieren partirle el espinazo a la Constitución son el presidente Petro y el canciller Leyva al desacatar decisiones de la Procuraduría General.
¿Cómo será el 2024? ¿Llegó la hora de la paz total? ¿Cuáles son los retos económicos?
Aunque el grupo guerrillero lo niegue, el Gobierno nacional se equivoca al desestimar las amenazas contra el Fiscal General.