Es muy grave que los organismos de inteligencia del Estado se destinen a escuchar a quienes piensan distinto al presidente.
La situación de la economía, la grave alteración del orden público y la creciente desaprobación de su gestión atentan contra la posibilidad de que el presidente ponga sustituto en el 2026.
Más allá de las sanciones penales que se deriven de los escándalos de su gobierno, la responsabilidad política de Gustavo Petro en los hechos denunciados es ineludible e intransferible.
Quiénes quieren partirle el espinazo a la Constitución son el presidente Petro y el canciller Leyva al desacatar decisiones de la Procuraduría General.
¿Cómo se explica el triunfo contundente que vaticinan las encuestas del ex alcalde de Barranquilla en las elecciones de octubre?