La funcionaria judicial defiende su derecho a vestirse de acuerdo con su identidad y autonomía personal, y asegura que no es un delito usar ropa que resalte su figura.
Se le acusa de “acciones sugestivas y provocativas”.
Por esos hechos, en total fueron acusadas 31 personas y, hasta ahora, 24 han sido condenadas a penas que oscilan entre uno y 27 años de cárcel.
El juez dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción (Paraguay), donde reside con su esposa.
Según la Fiscalía, este hombre habría participado en acciones previas y posteriores al crimen, como vender uno de los celulares con los que se coordinó el crimen.