Ambos deberán entregar, en audiencia, pruebas que demuestren sus nexos en el conflicto armado y su actuar coordinado con la fuerza pública, sectores económicos y sociales.
Ambos jefes paramilitares serán evaluados ante la jurisdicción para conocer si fueron incorporados funcional y materialmente a la fuerza pública durante el conflicto.
La eventual llegada de los exjefes de las AUC se daría luego de que la Jurisdicción Especial decidiera abrir un macrocaso por crímenes cometidos por fuerza pública en asocio con paramilitares.
Entre las víctimas se encuentra un abogado, un menor de edad, un albañil, agricultores y vendedores informales.
El juzgado sexto de ejecución de penas de Ibagué decidió cumular varias sentencias que pesan sobre el ex AUC.