Según el Ministerio Público, los funcionarios habrían incurrido en “conductas disciplinables” con “fines de proselitismo político”.
De acuerdo con las denuncias personas sin vulnerabilidad estarían siendo beneficiadas de los programas de la Agencia Nacional de Tierras, como asignación de contratos y predios.
El ente de control identificó la presunta irregularidad a raíz de un accidente de dos drones, que representan un costo de casi 9.000 millones de pesos.
La situación fue expuesta por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, encontrando supuestas anomalías en 161 contratos y otras irregularidades.
El sorteo del 20 de junio entregó $1.000 millones de pesos.