El crimen se perpetró en horas de la madrugada de este jueves 29 de enero.
El mandatario local, Darwin Rosales, aseguró que las intimidaciones no son recientes y pidió a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de su familia ante el temor por su integridad.
Según las autoridades, la víctima no registraba anotaciones judiciales en el SPOA.
La seguridad no se negocia en celdas con privilegios, exige una estrategia con tres enfoques: un bloque político y de opinión que rechace cualquier intento de negociar en el territorio, revictimiza la población y fortalece el crimen; un modelo de acción judicial conjunta: burbujas con fiscales, equipos de tareas especiales y jueces itinerantes enfocados en las finanzas de estos grupos, que sí los debilita; y finalmente la decisión unánime de rechazar cualquier proyecto político que abrigue impunidad y por ende inseguridad.
De acuerdo con las autoridades, los semovientes estarían aproximadamente avaluados en $282 millones.