El incremento del 23,7 % decretado por el Gobierno desató críticas de gremios, economistas y autoridades locales por el golpe en la inflación, el empleo y las finanzas públicas para el año entrante.
Dato esperado por su impacto directo en múltiples decisiones económicas.
De acuerdo con Camacol, este incremento podría encarecer un 10% el precio de la vivienda en Colombia. La entidad explicó que la mano de obra representa cerca del 25% de los costos directos de construcción, por lo que el aumento del mínimo elevaría los costos totales.
El banco estima mayores presiones inflacionarias, un endurecimiento monetario más agresivo y efectos sobre el trabajo informal, entre varios otros efectos adversos para la economía nacional.
Según el Dane, el rubro económico que sigue contribuyendo de forma anual al IPC es el alojamiento y servicios públicos.