La investigación la tramita la Sala disciplinaria de Instrucción del ministerio público.
La plataforma de domicilios enfrenta un pliego de cargos por posibles infracciones al régimen de protección al consumidor y por incumplir instrucciones previas de la autoridad.
El Ministerio Público busca determinar si funcionarios incurrieron en irregularidades, teniendo en cuenta que el objeto de dicho era “analizar el impacto reputacional” de Ricardo Roa como presidente.
La Procuraduría revisará la suscripción del convenio que habría permitido que algunas personas viajaran en una aeronave de la Policía al cabildo abierto en Barranquilla convocado por Gustavo Petro.
El exfuncionario es señalado de ser la persona que el año pasado ordenó el pago de sobornos a dos importantes congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.