La ex consejera presidencial para las regiones será imputada por lavado de activos y tráfico de influencias.
Es señalado de avalar el reconocimiento irregular de cesantías a docentes y de embargar cuentas oficiales.
Supuestamente direccionó un contrato por $4.950 millones para un sistema de validación en los estadios de fútbol.
El ente acusó al presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales.
La esposa del principal sospechoso fue dejada en libertad pese a que también habría participado en el hecho.