Un Ejecutivo que desmejora las condiciones económicas de quienes administran justicia desconoce los principios de no regresividad laboral, separación de poderes y autonomía de la rama judicial, pilares del Estado social de derecho.
Los colombianos estamos cansados. Cansados de gobernar desde la urgencia permanente, de que cada desacuerdo se convierta en crisis y de que los límites institucionales se presenten como estorbos.
La embajadora de Colombia, quien o fue la funcionaria más poderosa del gabinete, fue acusada por el presidente Gustavo Petro de conductas irregulares con relación a intervenciones a EPS.
El funcionario detalló que “si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, algo que calificó como un “mecanismo complementario” al trámite del Legislativo.
La norma fija un tope del 30 % a las inversiones externas de las AFP y establece un período de transición de hasta cinco años para redirigir recursos hacia proyectos estratégicos en Colombia.