La mandataria local habría omitido el pago del plantel por alrededor de un año.
Por presunta agresión a uno de sus escoltas y conducir el vehículo asignado en estado de alicoramiento.
La Procuraduría investiga una adición presupuestal sin justificación.
Habrían vulnerado los principios de moralidad, transparencia, igualdad, eficiencia e imparcialidad. La falta fue gravísima, a título de dolo.
A esta exfuncionaria ya le habían formulado cargos por vulnerar el derecho fundamental de petición.