Las procesadas, al parecer, se hacían pasar por integrantes del Clan del Golfo para intimidar a sus víctimas y lograr que accedieran a sus pretensiones.
El gobernador del Atlántico aseguró que más del 60 % de las extorsiones a comerciantes provienen de las cárceles.
En los diferentes allanamientos se incautaron armas de fuego, droga, munición y equipos de comunicaciones.
La Policía en Córdoba aseguró que los actos vandálicos están relacionados con el cobro de extorsiones.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios instó a los grupos armados a garantizar un 'acceso seguro y sin interrupciones arbitrarias' a los trabajadores humanitarios.