A la citada condena se suma la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de las siete víctimas durante diez años, así como una medida de libertad vigilada de cinco años, después de salir de prisión.
Once víctimas fueron liberadas por las autoridades españolas.
La organización sacaba del país a las víctimas para fines de explotación sexual a través de una agencia de viajes en Pereira.
Migración Colombia aseveró que entre 2024 y 2025 han inadmitido cerca de 80 extranjeros por esta causa.
Entre los detenidos figuran las cabecillas, taxistas, propietarios y administradores de hoteles o residencias, así como el dueño de un bar.