A través de este programa, la entidad ofrece apoyo para el mejoramiento de la infraestructura.
El caso se remonta al periodo de Caicedo como alcalde de esa ciudad.
El juzgado de Corozal que profirió la primera sentencia deberá librar las órdenes de captura contra los exfuncionarios.
Las comunidades buscan evitar que su población termine infectada por las actividades de casi 20.000 mineros ilegales en sus territorios.
Durante los días del encuentro se realizaron cerca de 130 citas virtuales entre las firmas afiliadas.